Un empresario argentino de 63 años que residía en Punta del Este fue detenido en Uruguay acusado de integrar una banda internacional dedicada a la explotación sexual de jóvenes y adolescentes. Según revelaron medios orientales, Ricardo Orestes Cirio fue apresado al arribar a ese país sin permiso ni justificación, luego de violar el aislamiento obligatorio en la Argentina.

La captura de Cirio se concretó por orden de la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, en el marco de una investigación realizada por funcionarios de Crimen Organizado e Interpol, bautizada "Operación Océano". De esta manera, ya son 21 los detenidos en la pesquisa, entre empresarios y dirigentes políticos.

Pero según la prensa uruguaya, la policía continúa la búsqueda a nivel nacional de tres hombres más: otro argentino, un brasileño y un uruguayo. La fiscal Viera está detrás de sus sombras. El empresario argentino fue imputado por el delito de "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

El periodista Antonio Ladra reveló que Cirio era director del colegio privado St. Clares, de Punta del Este, fundado en 2004 y ubicado a 800 metros de Playa Brava. La institución emitió un comunicado para aclarar que no tiene vínculos, pero según Ladra, hasta 2016 fue el presidente de la fundación del colegio.

La causa lleva siete meses de trabajo y se fundamenta en un testimonio clave de una víctima de la red, que fue sometida por un empresario paraguayo. Según el dictamen de la fiscal Viera, las menores podían llevar "clientes" al apartamento del hombre y a cambio tenían dos opciones: pagarle el 50% de sus ingresos, o el 30% y tener relaciones sexuales con él.

"Como no tenía otra opción, aceptó vincularse sexualmente con su proxeneta como forma de pago", relató Viera sobre esta adolescente.

Cirio ya tenía antecedentes penales en la Argentina. En 1998 fue denunciado por participar en licitaciones truchas y cobrar sobreprecios en obras de refacción del Hospital Dr. Baldomero Sommer, de la localidad bonaerense de General Rodríguez, por más de 14 millones de pesos.

El empresario fue condenado en primera instancia por un tribunal oral federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal. Después de 18 años de trámite su caso llegó a la Corte, donde se le ratificó la condena de dos años de prisión en suspenso. "Fue beneficiado espuriamente al resultar adjudicado en las contrataciones simulando un concurso de precios inexistente y una competencia aparente, ya que integraba las dos empresas aparentemente competidoras en la presentación de ofertas, y luego cobró sobreprecios que perjudicaron el erario público", sostuvieron los jueces.