“Cuando mi hijo empezó a gatear me prohibió que el bebé se quedara en la pieza y mucho menos conmigo porque tenía que trabajar, entonces le pasaba una cinta por la cintura y lo ataba a un fierro que había en el patio, entonces mi bebé se la pasaba atado a ese palo como un animalito", relató una de las víctimas de los talleres clandestinos de Bajo Flores, donde junto a otros 33 hombres y mujeres de nacionalidad boliviana, con sus hijos menores de edad, trabajaban y vívían en condiciones de hacinamiento en jornadas de 17 horas de trabajo.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado asumió ahora la custodia de esos espacios, que serán subastados, a instancias del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación Sexual y Laboral, para afrontar las compensaciones dispuestas por la Justicia para la víctimas de diversas causas.

Los talleres, ubicados en Cajaravilla 4.675 y 4.726, en la Ciudad de Buenos Aires, eran reducidos con varias camas por habitación, sin condiciones mínimas de limpieza y cerrados con rejas en ventanas, techos y puertas para evitar que cualquier empleado pudiera salir.

Todas las familias vinieron desde Bolivia de la mano del clan de la familia Aliaga, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, con la promesa de trabajar en tareas de costura en un taller textil por una remuneración mensual de 400 dólares.

Sin embargo, a las víctimas no se les informaba la carga horaria laboral ni dónde estaba ubicado el taller, pero les ofrecían comodidad y una ganancia anual de 10 mil dólares para luego volver a su país de origen, según los testimonios de la causa, a la que tuvo acceso cronica.com.ar.

Una vez en la Argentina, nada era más lejano a esa promesa. El salario era alimento y unos 300 pesos argentinos. No se les permitía salir de los talles, con excepción de que algún integrante de la familia Aliaga los acompañara. En esas oportunidades, los llevaban hasta un locutorio y les hacían decirles a sus familias que estaban bien trabajando en el país. 

El trabajo en los talleres era trabajo esclavo: no se les permitía salir ni los domingos ni los sábados. No tenían descanso, trabajaban todos los días. Las jornadas de trabajo comenzaban entre las 5 y 6 de la mañana, encerrados y amenazados en distintos cuartos para adelantar la producción hasta las 3 de la madrugada.

Luego, apenas podían dormir una hora porque enseguida les golpeaban la puerta para que sigan trabajando. 

“Se les prometía una suma de dinero y cuando comenzaban sus labores se les impedía salir al exterior. En estos talleres los trabajadores tenían extensas jornadas de trabajo, salarios paupérrimos, hacinamiento y ausencia total de condiciones mínimas de seguridad e higiene", señaló Marcelo Cippitelli, director de Asuntos Contenciosos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Una vez finalizada la producción en los talleres, la mercadería era trasladada al domicilio de Bacacay 3.591, ubicado a pocas cuadras de la avenida Avellaneda, donde estaban los locales de venta al público bajo las marcas  “LeOt” y “AlicarKidsFashion”. Esa vivienda funcionaba como centro de distribución y stockeo de lo producido.

"No me daban desayuno porque me decían que no había avanzado nada, entonces no desayunaba y a veces ni almorzaba, le daba de corrido. Muchas veces me quedé sin desayunar y sin almorzar. Reci én comía a las 12 de la noche en la cena”, relata otra de las víctimas en la causa N° 6305/2017, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2, a cargo del doctor Carlos D’Elía.

Otra de las mujeres del taller contó: “Mi hijo estaba encerrado (…) todo el tiempo, jugando con unos juguetes, porque decía que no podíamos estar con los niños porque teníamos que trabajar (…) A veces (…) se lo llevaban al lavadero, a comprar (..), yo lo llevo, me decía, para que a mí no me molestara para que yo trabajara más. Capaz lo abusaba (…) él no quería ir con él (…) tenía miedo”.

“Logré que me dejara tener a mi hijo al lado mío mientras yo trabajaba al menos hasta que empezara a caminar. Cuando empezó a gatear me prohibió que el bebé se quedara en la pieza y mucho menos conmigo porque tenía que trabajar, entonces le pasaba una cinta por la cintura y lo ataba a un fierro que había en el patio, entonces mi bebé se la pasaba atado a ese palo como un animalito”, cuenta otra de las víctimas.

La Justicia imputó al clan Aliaga y dictó prisión preventiva para sus integrantes, tras la investigación que inició con una denuncia presentada por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

“Desde Asuntos Contenciosos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado vamos a proceder a la subasta de estos inmuebles y lo recaudado irá a las víctimas que recibirán una indemnización por haber sido reducidos a la esclavitud”, aseguró el Cippitelli.