Estaba en su casa junto a sus hijas de 9 y 11 años. Frente a ellas Carmen Andrea Aguirre, de  38 años fue asesinada a puñaladas en  Salsipuedes, provincia de Córdoba, por su marido, quien intentó suicidarse provocándose cortes en el cuerpo y, luego, quiso resistirse a la detención, por lo que los efectivos lo balearon y murió en un hospital local.

La víctima ya había denunciado a su marido por violencia de género en 2019, por lo que estuvo preso pero nunca se le había impuesto una restricción de acercamiento. Para la Justicia como no tenía antecedentes, no existía riesgo para la mujer. La víctima le había pedido a su esposo, Matías Aragone, de 44 años, que dejara de beber, ya que se encontraba en estado de ebriedad. Según determinaron los investigadores fue ahí cuando la atacó con un arma blanca frente a sus hijas. Se investiga si el fallecimiento del agresor fue por causa de los disparos de la Policía, o si se produjo por las heridas que se causó él mismo en el intento  de quitarse la vida antes de que llegaran los efectivos. La fiscal Liliana Copello, que investiga ese deceso, aguarda los resultados de la autopsia.

Las hijas de la víctima lograron escapar y pidieron auxilio a los vecinos. Ellos llamaron a la policía y al llegar los efectivos al lugar, el femicida intentó agredirlos, por lo que le dispararon para controlarlo. Recibió al menos un tiro policial en una de sus piernas y tras agonizar toda la noche falleció esta mañana en el hospital Tránsito Cáceres de Allende.

La causa por el femicidio recayó en la Fiscalía de Violencia Familiar y Violencia de Género, a cargo de Andrea Martin Artesi.

 

La denuncia 

Aragone había sido denunciado por Aguirre e imputado por el fiscal de Violencia de Género y Familiar, Pablo Camacho, por amenazas calificadas y violación de domicilio en Río Ceballos en 2019. El agresor estuvo detenido un tiempo y luego, sin embargo, recuperó la libertad. Estaba pendiente un juicio en su contra por “violación de domicilio” y “amenazas calificadas”, no regía ninguna orden de restricción de acercamiento. Camacho elevó la causa a juicio, pero la Cámara 7a. del Crimen envió el caso a la Oficina Centralizada de Violencia Familiar y sus integrantes consideraron que no era de juzgamiento prioritario porque el hombre no tenía antecedentes. El equipo técnico interdisciplinario consideró que “no existía riesgo” para Aguirre. Por esta razón, el juicio no se llevó a cabo y la causa prescribió el 10 de febrero de este año.

El fiscal Camacho, que estaba a cargo de la investigación, dijo a Canal 12 que “no habiendo condenas anteriores, aún en el caso de que se hubiese hecho el juicio y condenado, la pena hubiese sido baja y de ejecución condicional por lo que habría estado en libertad igual”.

 

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