Familiares de las 29 víctimas del instituto Próvolo luchan mientras aguardan el reinicio del juicio este miércoles para que se haga justicia por los abusos sexuales que allí se cometieron a los menores, y para que sus seres queridos se reinserten en la sociedad dado que "en sus años alojados allí no aprendieron ni el lenguaje de señas ni un oficio", explicaron.

"Hay muy pocas víctimas reinsertadas en la sociedad dado que tras las denuncias y el desalojo del Instituto la reinserción ha sido a nivel escolar pero no laboral", afirmó Sergio Salinas, defensor en la causa que tiene a 29 víctimas, 11 de las cuales son querellantes en este primer juicio iniciado este mes, sobre un total de 28 casos de abuso sexual.

El juicio, que marca el mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos registrado en Mendoza, comenzó el 5 de agosto contra los curas Nicola Corradi, Horacio Corvacho y el administrativo Armando Gómez, imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores".

Sin embargo, ya se suspendió dos veces durante varios días para resolver planteos de la defensa oficial por la supuesta imposibilidad de escucha de Corradi, y el analfabetismo de Gómez para comprender el debate, que se reanudará este miércoles a las 8.30 con la declaración de María Patricia Gorra, del departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.

Familiares coincidieron que el Próvolo "era una fachada" donde no se enseñaba el lenguaje universal de señas, sino que aplicaba un viejo método de oralidad basado en reconocimiento de sonidos y lectura labial o vibraciones, "algo muy difícil de lograr porque es por retroalimentación de escuchar e imitación", explicó la profesora y terapeuta Alejandra Berlanga.

La profesional destacó hoy que la ley y la Convención Internacional de Personas con Discapacidad dicen que "la lengua de señas es la forma natural de comunicación de las personas sordas y se la debe entender como su primera lengua, mientras que el idioma español es una segunda lengua que se aprende en forma escrita, pero no se pretende que los sordos aprendan a hablar".

"En el Próvolo no se enseñaba el lenguaje de señas porque no se ponía el eje ahí", aseguró Berlanga.

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Érica es hermana de una de las tantas víctimas que pasaron años alojados allí y al salir, tras el escándalo, quedaron fuera del sistema, sin inclusión, estudio ni un oficio.

"Nos decían que había talleres a la tarde que para nosotros era una salida laboral a futuro, pero no fue así. Hay muchos derechos vulnerados. Necesitamos que vuelvan a estudiar y aprender un oficio", dijo la hermana de una de las abusadas.

"Mi hermana está con mi familia y estamos inententado que termine la escuela secundaria. Es un proceso lento... no es fácil. La acompañamos en lo que quiera y al ritmo que ella quiera", lamentó la joven.

Asimismo, dijo que su hermana menor vive el juicio "con una mezcla de sentimientos, pero mucho más tranquila tras saber que no iba a tener que volver a declarar".

El enjuiciamiento a los abusadores del ex instituto Próvolo "es un hecho histórico dado que puso ante la justicia a miembros de la institución religiosa que ha cometido sistemáticamente tantos abusos alrededor del mundo", destacaron desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo.

El juicio oral se desarrolla a puertas cerradas sin ingreso de la prensa y con la orden del Presidente del Tribunal, Carlos Diaz, de prohibir la transmisión del desarrollo del debate por cualquier medio electrónico de manera simultanea, es decir que -por ejemplo- no se puede tuitear nada de lo que está sucediendo adentro de la sala.

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal; y a Corradi y a Gómez por seis hechos de abuso sexual cada uno.

Esta es la prime causa que llega a juicio, la segunda es la de la monja Kosaka Kumiko, acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto, y la tercera, que está en etapa de instrucción y no fue elevada a juicio, involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión.