Familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 reclamaron hoy a la Cámara Federal de Casación que actúe con "celeridad" y confirme la sentencia a prisión "efectiva" dictada al exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando De La Rúa, Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Los familiares pidieron que la sentencia "quede firme y sea de cumplimiento efectivo", en un acto realizado en los tribunales federales de Retiro.

Participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti y Gabriela Carpinetti, secretaria de Acceso a la Justicia.

 

Los familiares reclamaron "celeridad" a la sala I del máximo tribunal penal federal del país, que desde el 4 de noviembre pasado, tras una audiencia, quedó en condiciones de resolver si confirma las penas de prisión efectiva impuestas a Mathov y Santos. Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que precedieron a la renuncia del fallecido De la Rúa: Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna. Las familiares de las víctimas Adriana Ochoa, Marta Almirón y María Arena reclamaron "celeridad" y cuestionaron las demoras judiciales, a cinco años del veredicto que condenó a los exfuncionarios del gobierno de la Alianza. " Queremos cárcel común y efectiva a los que dieron las órdenes", reclamó Arena, pareja del fallecido Gastón Riva, al hacer uso de la palabra en el acto organizado en la entrada de Comodoro Py 2002, sede de la Cámara Federal de Casación. Pietragalla Corti cuestionó que "20 años después no haya nadie condenado" durante el acto en el que también estuvo presente Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora y al que concurrieron representantes de distintas organizaciones sociales. A 20 años de la represión que precedió a la renuncia del fallecido De La Rúa las condenas "no quedaron firmes" pese a que fue "ampliamente comprobada su participación en los hechos", agregaron los disertantes.

 

 

 

Los familiares consideraron probada la "responsabilidad" de Mathov y de la "cadena de mando de las fuerzas policiales" que intervinieron en la represión de manifestantes. "Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos", sostuvo el abogado del CELS, Rodrigo Borda, el 4 de noviembre pasado cuando expuso ante Casación. Los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma, tienen que resolver si confirman estas penas o bien las declaran nulas o las reducen, como pidieron las defensas. El abogado del CELS remarcó que "hace falta" que la Justicia "se pronuncie en forma definitiva" a casi 20 años de los hechos en tanto que las defensas argumentaron que los delitos prescribieron. "Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos", sostuvo por el contrario el abogado de la querella que además representa a algunos de los 25 heridos en esas jornadas. En mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov a 4 años y 9 meses de prisión y a 4 años a Santos, pero estas penas se recalcularon y rebajaron por orden de Casación. Ahora los jueces de Casación tienen que resolver si confirman estos nuevos montos de pena fijados.

 

 

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