La noticia de que fue desestimado el llamado al 911 de un vecino que alertaba sobre el femicidio de Florencia Romano, la adolescente que fue asesinada, generó indignación y repudio absoluto hacia el accionar de la operadora que fue apartada de su cargo, mientras se investiga la responsabilidad que tuvo. 

El llamado fue atendido por la operadora, Soledad Herrera, quien cortó la comunicación el sábado pasado cuando un hombre llamó para denunciar que escuchaba una situación de "violencia de género" en un domicilio en particular - Padre Vázquez y  Callejón Berra-, casa de los actuales imputados por el crimen. 

Herrera que tiene 4 años de experiencia en el CEO y 13 en la Fuerza Policial fue pasada a pasiva. Además, frente a este accionar de la funcionaria hay una investigación en curso por parte de la Inspección General de Seguridad y se abrió una compulsa en la Justicia Penal para determinar las responsabilidades. 

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), declaró en el programa radial "Sonría, lo estamos filmando": "Lo que estamos investigando es a fines de dilucidar lo que pasó. Desde el día de ayer iniciamos una investigación en virtud de lo que notificó la Justicia". Y explicó: "Esta funcionaria policial fue desplazada, está en situación de pasiva, eso significa que no está trabajando y aproximadamente cobra la mitad de su sueldo durante un plazo de 30 a 60 días". 

Dentro del ámbito de la IGS se manifestó que las penas pueden ir de la suspensión a la cesantía, en el ámbito administrativo. 

Además, se extrajo una compulsa penal para investigar si la efectiva cometió un delito. Se presume que puede ser imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que acarrea una pena de un mes a dos años de prisión.