La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento pero revocó la prisión preventiva a un hombre acusado de amenazar en redes sociales al hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao Fernández, desde su domicilio en la provincia de La Pampa. La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002, que además edujo a 500.000 pesos el embargo de dos millones de pesos que le había impuesto el juez del caso, Sebastián Casanello. El acusado, residente en La Pampa, quedó procesado y será enviado a juicio oral por "amenazas anónimas, en cinco hechos" contra Estanislao Fernández y un amigo.

 

El acusado estaba con prisión domiciliaria pero los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia le concedieron la excarcelación por entender que no hay riesgo de fuga ni procesal. Al confirmar el procesamiento, la Cámara dio por probado que el acusado "en un lapso de tiempo sostenido" profirió amenazas en redes sociales a ambas víctimas, a quienes advertía que "serían "cargados en un Falcon verde", que "los iban a torturar", "a cortar la cabeza", "a quemar vivos", "a tirarlos en un basural", entre otras, "promoviendo la posibilidad de que su amenaza fuera llevada a ulteriores consecuencias". Los mensajes se enviaron a los perfiles de las víctimas "desde distintas cuentas de la red social Instagram, mediante las cuales el emisor intentó ocultar su identidad". En la investigación se comprobó que dichas cuentas estaban asociadas a un mismo perfil y que su creación provenía de una dirección de IP de una localidad pampeana, en la que vive el imputado. Al serle secuestrado el teléfono celular se comprobó que, además, "se encontraban guardadas numerosas imágenes" de ambas víctimas.

 

 

 

El hombre reconoció ser el autor de los mensajes al prestar declaración indagatoria, pero su defensa oficial pidió que se revoque el procesamiento por entender que "se trataron de expresiones de deseo de imposible realización" El defensor Gustavo Kollman sostuvo que se trató de "manifestaciones absurdas y repudiables" pero que "no podía considerarse que tuvieran relevancia típica, al haber sido efectuadas a kilómetros de distancia y resultar, por ende, de imposible realización" Por el contrario, los jueces del Tribunal de Apelaciones entendieron que "las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrollaron los hechos, a la par de los elementos de prueba colectados, resultan suficientes y contundentes para mantener en esta instancia la decisión del magistrado en cuanto dictó el procesamiento del encartado". Los jueces advirtieron que " más allá de los insultos proferidos, las frases expresadas demostrarían la clara finalidad de infundir un temor en las víctimas". Además, interpretaron que "lo determinante no es la intencionalidad con que esas palabras fueron proferidas sino la potencialidad de que ellas se instituyan en un condicionamiento a la actividad del receptor". Las amenazas anónimas ocurrieron al menos desde junio de 2020 al 13 de julio de 2021, mediante diferentes usuarios en las redes sociales y un correo electrónico. Los jueces dictaron falta de mérito por tenencia ilegítima de arma para un hermano del acusado.