La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) denunció al dirigente neonazi de Mar del Plata, Carlos Pampillón, por "incitar a la violencia y odio hacia la comunidad mapuche, tras la viralización de un video en el que propone que la población se organice para que "bajen, escupan , destruyan y quemen toda bandera mapuche que vean en la región",  El escrito, difundido por la APDH, fue presentado al fiscal federal, Miguel Ángel Palazzani con un extracto de las manifestaciones de Pampillón.

"Quiero invitar a todos los argentinos bien nacidos, bien paridos, a que nos organicemos para quemar, destruir y bajar todas las banderas mapuches de cualquier establecimiento público oficial donde las veamos", comienza el texto que relata el dirigente neonazi en un video que continúa vigente en el feed de su Instagram. "Estoy pensando seriamente en organizarnos para tomar las medidas necesarias para defender nuestra soberanía nacional", dice en el video compartido, en el que agrega: "Ahora verán en las noticias que estos llamados Pueblos Originarios levantaron la bandera en la Universidad Nacional del Comahue en un acto de soberanía que repudio y escupo y me da muchísima bronca, con toda la bronca, con todas las entrañas y toda la furia que se puedan imaginar".

Tras la difusión del video que se volvió viral, la APDH afirmó que "es claro que su contenido incita a ejercer violencia contra la comunidad mapuche en toda la ciudad y particularmente en la Universidad Nacional del Comahue". Es por eso, que el organismo de Derechos Humanos sostuvo que "la incitación a ejercer violencia y cometer actos evidentemente dañosos que contiene el video se plasmó mediante expresiones como: "Quemar, destruir y bajar. Organícense, destruyan esas banderas, bájenlas, quémenlas, como sea, háganlo, no lo podemos permitir". En ese contexto, la APDH con el patrocinio del abogado Bruno Vadalá, afirmó que " en el ámbito del Derecho Internacional, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas prevé el catálogo de derechos que el Estado Argentino está obligado a respetar en virtud de nuestro propio mandato constitucional y convencional (art. 75 inc. 17 y 22 de la CN), como así también se prevé el acceso a la justicia y compromiso del Estado en todas sus esferas contra actos discriminatorios y violentos según la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial".