El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue imputado por la Justicia salteña junto a cuatro de sus socios en esa provicia. La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, le adjudica los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita por 60 denuncias en su contra.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que Salinas Odorisio imputó provisionalmente a Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, como coautores de los delitos de estafas reiteradas en 60 hechos y asociación ilícita, en concurso real. La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las denuncias realizadas, asciende a 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.

Cositorto debió presentarse ante la fiscalía para escuchar el decreto de imputación y brindó su declaración, aunque se negó a contestar preguntas. Los voceros destacaron que, a lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.

El empresario fue trasladado en un operativo especial a Salta proveniente de Córdoba, donde permanece detenido, y fue alojado en la Alcaldía General de la capital provincial, donde quedará hasta el lunes próximo.  Por su parte, Jorge Vilardel, Ricardo Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, que también permanecen detenidos junto a Cositorto, se abstuvieron de declarar e informaron que presentarán su versión de los hechos por escrito

 

Cómo funcionaba la estafa piramidal de Generación Zoe

 

El empresario está acusado de montar una estafa piramidal, también conocida como esquema Ponzi, en la que pidió a los aportantes poner dinero con la promesa de recibir dividendos siderales por sus inversiones. Cuando ya no pudo devolver a quienes les confiaron sus ahorros, se fugó del país y escapó a República Dominicana, donde fue detenido por Interpol.

En el caso específico de Salta, las denuncias llegaron luego del cierre de la sucursal ubicada en la calle Pellegrini 782, de la capital provincial. Desde la UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso -llamados membresía educativa o inteligente-, cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual, y las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

 

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa, es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares. El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, a la cuenta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones. Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, el rol de Cositorto era el de director ejecutivo de Generación Zoe, por lo que firmaba los contratos con los inversionistas y se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias. Los demás detenidos colaboraban con él.

 

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