Tras un episodio ocurrido el pasado 8 de junio en la ciudad de Córdoba, donde un efectivo policial disparó con un arma no letal en un operativo a una joven de 17, la cual perdió un ojo por el episodio, la justicia local decidió imputar al agente.

El hecho ocurrió en el barrio Zepa de la capital cordobesa, en donde una adolescente sufrió la pérdida de un ojo tras recibir el impacto de un proyectil disparado desde un arma calificada como no letal, y por tal motivo, el fiscal Andrés Godoy imputó al efectivo por los delitos de “lesiones graves agravadas” y “falsedad ideológica”.

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El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informó que los hechos ocurrieron el mencionado domingo 8 de junio, alrededor de las 17, cuando agentes policiales realizaban patrullajes preventivos en la zona, y en ese recorrido, los uniformados detuvieron a dos hombres de 37 y 22 años, a quienes acusaron de arrojar piedras contra colectivos de pasajeros.

En tanto, familiares y vecinos de los arrestados se congregaron frente a la comisaría y comenzaron a lanzar objetos contundentes contra el edificio y un móvil policial, provocando daños en la mampostería y en el vehículo. Las autoridades reportaron que cuatro efectivos policiales sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al Policlínico para recibir atención médica.

 

Previo a esto, la zona había sido escenario del traslado de familias desde los asentamientos Miralta y El Platito hacia nuevas viviendas, contexto que sumaba tensión en la comunidad, tal como publicó la prensa cordobesa. En medio de la tensión, el personal policial recurrió al uso de armamento menos letal y antitumulto para dispersar a los manifestantes y allí, la menor resultó herida en un ojo.

La joven terminó con el rostro cubierto de sangre y fue trasladada a un hospital para ser evaluada, y pese a los intentos del personal médico, no pudieron salvarle el ojo izquierdo y, tras recibir el alta médica, prestó declaración en la causa que se encuentra bajo investigación judicial.

Detalles de la investigación

Tras el incidente, el oficial que efectuó el disparo fue identificado y se le inició un sumario administrativo en el Órgano de Control Disciplinario, aunque los días siguientes continuó desempeñando sus tareas habituales. La pesquisa se centró en determinar si el accionar del agente que disparó se ajustó a los procedimientos vigentes para el uso de armas no letales.

Para esto, las autoridades centraron su trabajo en la recolección de testimonios y de los registros de la intervención policial y cotejaron los datos con los resultados de las pericias técnicas sobre el arma utilizada.

Dentro de la evidencia del caso hay un video filmado por un vecino en el que se observa al efectivo que, en posición de tiro directo, dispara de manera paralela al piso contra las personas, impactando en el ojo de la menor.

Tras más de dos semanas de investigación, el fiscal Andrés Godoy determinó la imputación del uniformado involucrado, aunque continuará en libertad mientras avance el proceso judicial. La acusación por falsedad ideológica se vincula a presuntas irregularidades en la documentación de los hechos.

 

Cabe mencionar que el arma utilizada fue una Byrna, dispositivo introducido en la fuerza en 2023, y en ese momento, los efectivos recibieron capacitación específica sobre su manejo, con la instrucción de evitar disparar a la cabeza y de dirigir los proyectiles hacia el suelo o las extremidades.

La BYRNA SD, un dispositivo basado en aire comprimido que lanza proyectiles calibre .68, fabricados para neutralizar amenazas potenciales a distancias de hasta 20 metros. Según el fabricante, utiliza cartuchos de CO2 para proyectar tanto bolas con carga traumática como cápsulas de gas pimienta. La firma sostiene que el dispositivo puede servir eficazmente para la defensa personal sin el riesgo letal inherente a las armas de fuego convencionales.

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