Una pareja fue demorada en la provincia de San Luis luego de que se negaran a identificarse por considerarse “seres vivos autodeterminados”. El hombre y la mujer iban acompañados por cuatro menores de 11, 8, 5 y 2 años, que tampoco contaban con DNI ni ningún otro tipo de documentación.

La Policía puntana detuvo este lunes a una camioneta Honda CRV gris para un control de rutina en el Puesto Limítrofe Nº11 de Las Palomas, pero se encontraron con una situación atípica que los dejó perplejos.

En su interior viajaban dos adultos con cuatro niños que se negaron a identificarse. “Me considero un ser vivo autodeterminado”, les contestó el conductor y explicó que él su familia provenían de la zona de Mediolaza, provincia de Córdoba, y que se dirigían a la localidad de Villa Praga en San Luis.

Según medios locales, el hombre aseguró no tener un Documento Nacional de Identidad y dijo ser “ciudadano del mundo” y miembro de un grupo que no reconoce las leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales. De hecho, contaba con un “Universal Pass (Pase Universal), donde se identificó como Sergio. Su esposa, An, y los cuatro menores tenían la misma credencial pero ninguna documentación de curso legal en el país.

Los efectivos pudieron comprobar que la patente de la camioneta en la que se trasladaban no existía. De acuerdo a El Diario de la República, la familia aclaró que la patente original fue dada de baja y que el vehículo era una “terranave”.

La pareja fue demorada y más tarde, la Justicia Federal dictó medidas de protección para los menores mientras se establece la identidad de la supuesta familia. El caso quedó a cargo del Juez Federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul.

“No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni a dónde van. Nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores. Mi obligación es preservar la vida y salud de los niños porque así me obliga la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución”, sostuvo el magistrado.

El miércoles se llevó a cabo una audiencia en la que la pareja no lo reconoció como autoridad por lo que se levantaron y retiraron de la sala en la que estaban. Las autoridades trabajan para determinar qué delito les corresponde: “Las sospechas podrían ser por una presunta violación a las leyes migratorias argentinas o un delito de supresión o falsificación del estado civil de los menores”, explicaron.

Mientras tanto, los cuatro chicos quedaran bajo el resguardo de una familia por disposición del programa que dirige el Poder Ejecutivo Provincial que se llama “Familias Solidarias”.