El ex gobernador de Tucumán José Alperovich fue procesado este miércoles en una causa en la que se lo investiga por el presunto abuso sexual de una sobrina suya que trabajaba con él como asistente. Además, se le fijó un embargo por 2,5 millones de pesos.

Así lo dispuso el juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 de la Capital Federal. El magistrado tenía un plazo de diez días para resolver la situación del también ex senador, a quien indagó el 20 de abril último, cuando el ex mandatario provincial rechazó los hechos que se le imputan.

Rappa, en una resolución de más de 400 páginas, dictó el procesamiento del ex gobernador por "abuso sexual agravado" presuntamente cometido en seis ocasiones durante 2018 en Tucumán, y "abuso sexual simple" supuestamente ocurrido en tres oportunidades durante 2017 en la misma provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

 

 

El ex gobernador de Tucumán se había allanado el 20 de abril pasado al llamado a indagatoria luego de tres pedidos en ese sentido. 

En diciembre de 2020, el titular de la Fiiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, Santiago Vismara; y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), habían formulado un pedido de indagatoria a Alperovich. Y, en diciembre del año último, habían reiterado la solicitud sobre la base de la ampliación de la acusación que hicieron contra el ex senador.

Los fiscales habían destacado en el dictamen que ya se había llevado adelante una serie de medidas y mencionaron que, debido a toda la prueba incorporada hasta ese momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran la declaración indagatoria.

¿Cuándo se hizo la denuncia que originó la causa?

La denuncia contra el ex gobernador fue presentada en 2019 por la presunta víctima, su sobrina segunda y ex colaboradora, en principo por tres hechos ocurridos presuntamente en 2017. En 2019, la causa comenzó a tramitarse en dos jurisdicciones distintas: en el fuero Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.

 

 

Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año último, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 de la Capital Federal, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador general interino, Eduardo Casal. En diciembre del año pasado, Vismara y Labozzetta, sobre la base de los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llamara a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente ocurrieron durante 2018 en Tucumán.

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