El Colegio de Magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires reclamó este martes que la liberación de presos de las cárceles bonaerenses ante la pandemia por el coronavirus (orthocoronavirinae) sea "prudente" y pidió que no se le otorgue ese beneficio a homicidas, violadores y autores de delitos graves.

En un comunicado, los jueces de la provincia admitieron que ante la situación por la pandemia, "las cárceles son potenciales focos de contagio, a una tasa muy alta, por el hacinamiento", aunque la eventual "desprisionalización debe ser muy prudente y no puede incluir a homicidas, violadores ni cualquier condenado o procesado por delitos graves".

Los jueces detallaron que a fines de 2019 se reunieron con autoridades de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para analizar la situación de unas 50 mil personas detenidas en cárceles con apenas 24 mil plazas y que actualmente "la tasa de prisionalización es de un 50 por ciento más elevada que el promedio nacional".

 

En el comunicado, los magistrados aseguraron que "garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes. Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado".

Tras destacar el riesgo que implica el hacinamiento en el marco de esta pandemia, los jueces y funcionarios afirmaron que "este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco alli la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad".

"Por eso las medidas de descomprensión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad", concluyen los magistrados.

 

 

Julio Alak habló sobre la polémica que se generó con ese tema en medio de la pandemia del covid-19 y advirtió que el Poder Ejecutivo "no puede otorgar prisiones domiciliarias".

"Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias", sostuvo el ministro en su cuenta de la red social Twitter.

Alak agregó que los pedidos de prisiones domiciliarias "son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial", a cargo de Julio Conte Grand.

"Asimismo, de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales", consignó.

 

Alak ratificó que el Poder Ejecutivo provincial "no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad".

El funcionario respondió a un audio de la senadora provincial de Cambiemos, Felicitas Beccar Varela, quien advirtió que "hay un plan para liberar presos y que se conviertan en futuras patrullas para amenazar a jueces".