La jueza de instrucción criminal porteña Patricia Guichandut avaló este jueves por la tarde la expulsión del motochorro colombiano dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), por lo que el organismo solicitará a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la retención del ciudadano extranjero para materializar la deportación a su país de origen.

La magistrada adoptó esta decisión en la causa abierta a Jair Stevens Jurado Mora por tentativa de robo, luego de que desde la DNM, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, le informaran que el imputado no había apelado la decisión administrativa de ser deportado y había quedado firme.

En un comunicado de prensa, la cartera indicó que "esta decisión se da en el contexto de los dos ejes de la política migratoria dispuesta por el ministro Rogelio Frigerio: puertas abiertas a la inmigración -como siempre ha ocurrido en el país- y cerradas a la delincuencia, el tráfico de personas y el narcotráfico".

Por eso, por intermedio de DNM se solicitó a la jueza que dispusiera el extrañamiento del extranjero en caso de que carezca de interés para que permanezca en el país. 

Tras conocerse la resolución, Migraciones pedirá mañana al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de turno que ordene la retención del extranjero para que la DNM instruya a las fuerzas de seguridad a fin de su detención y expulsión.

Fuentes de Migraciones explicaron que el acto administrativo de expulsión del territorio se realizó el viernes pasado y que Jurado Mora fue notificado el mismo día. 

Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente, el lunes empezó a correr el plazo de tres días para que pudiera interponer un recurso jerárquico, pero no lo hizo.

Jurado Mora llegó al país hace siete meses procedente de Colombia e ingresó sin dificultades porque no había ninguna orden de restricción en su contra, pese a que luego se corroboró que en su país tiene dos causas por robo a mano armada y otra por violencia de género por haber golpeado a su pareja.

Debido a que su situación migratoria es irregular porque podía permanecer en el país un plazo de seis meses como máximo y cometió un delito flagrante, Migraciones pudo intervenir de oficio y disponer su expulsión.

El hecho ocurrió el 22 de enero último, cuando una joven de 18 años estaba por cruzar la calle en avenida La Plata al 100, en Caballito, con su celular iPhone 7 en la mano. 

De repente, el motochorro le arrancó el teléfono y huyó a toda velocidad, pero tras una persecución por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido.

El ladrón quedó acusado de "robo en grado de tentativa" y, a pesar de que contaba con antecedentes en su país, la jueza le concedió una "probation" y la libertad dos días después.

La magistrada le impuso como condiciones no consumir drogas ni alcohol durante un año, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y resarcir a la víctima del robo con 700 pesos.