Por segunda vez en una semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a señalar graves demoras en una investigación por abuso sexual a un menor y recomendó que se evalúen sanciones a los magistrados involucrados.

El nuevo pronunciamiento del máximo tribunal —firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— se suma al fallo emitido días atrás, en el que se denunció la inacción judicial en una causa iniciada en 2009 por el abuso de una menor en la localidad bonaerense de Pilar.

En este caso, la advertencia recayó sobre un expediente en el que se disputaban la competencia dos juzgados —uno de Tucumán y otro de San Isidro—, situación que mantuvo la causa paralizada durante casi siete años.

Siete años sin avances

Según el fallo, el 17 de julio de 2014, una mujer identificada como C. A. denunció ante la comisaría de Los Nogales, en Tucumán, a su expareja J. A. R. por haber abusado sexualmente de su hija F. R., de 16 años, durante una visita en enero de 2012 al domicilio del acusado en la localidad bonaerense de Florida.

El expediente recayó en el entonces Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Juan Francisco Pisa, quien el 8 de octubre de 2014 se declaró incompetente, al considerar que el hecho había ocurrido en Buenos Aires. Sin embargo, recién en marzo de 2016 se remitieron las actuaciones —de 40 fojas— a la justicia bonaerense.

Una vez recibido el expediente, el juez Ricardo Costa, titular del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, también rechazó su competencia. Argumentó que no se habían agotado las medidas necesarias para establecer con claridad dónde ocurrieron los hechos ni se había tomado declaración a la víctima.

Recién en julio de 2016, Costa tomó testimonio a la denunciante y a su hija, y en diciembre de 2017 volvió a declararse incompetente, ordenando elevar el incidente a la Corte Suprema. En tanto, el fiscal Washington Navarro dispuso en 2018 que las actuaciones permanecieran reservadas hasta que se resolviera el conflicto de competencia. En 2020, el expediente pasó a formato digital.

Críticas por la inacción judicial

Casi siete años después de esa decisión, el 25 de septiembre de 2024, el tribunal tucumano informó que había detectado la causa entre los expedientes pendientes y que el incidente de incompetencia “nunca fue creado conforme a lo ordenado”. A raíz de ello, el juez Raúl Cardozo decidió remitir la causa a la fiscalía para que continúe su trámite y, paralelamente, elevó el expediente a la Corte Suprema.

En su resolución, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti destacaron el “excesivo tiempo transcurrido desde la denuncia y la demora en la elevación de las actuaciones”, y ordenaron que los tribunales intervinientes den inmediato trámite al caso para evitar que el daño sufrido por la víctima —ya adulta— “se vea aún más incrementado por el contacto con el sistema de justicia”.

Además, el fallo dispone notificar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que adopte las medidas que considere necesarias y evalúe “la aplicación de sanciones disciplinarias que correspondan” a los magistrados responsables de las demoras.