La Justicia ordenó la apertura de una investigación de oficio tras las declaraciones públicas realizadas por  Ángel Di María, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina, debido a que reveló en una entrevista que su familia sufrió dos intimidaciones en Rosario, el 25 de marzo pasado.

Por un lado, el futbolista recordó que hubo disparos al aire y un cartel arrojado en inmediaciones del country de Funes Hills Miraflores, donde tienen una propiedad. Un episodio que se había denunciado y por el que hay cuatro detenidos. 

Sin embargo, también contó otra experiencia dramática que no fue informada a la Justicia, cuando dejaron una caja con una cabeza de un chancho con una bala incrustada en la inmobiliaria de su hermana. 

Allí incluyeron una amenaza a la hija de Di María y menciones al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

 

Las intimidaciones, aseguró el delantero de Benfica en la entrevista, fueron el motivo que impidió su regreso a su ciudad natal para terminar su carrera en Rosario Central, el club que lo formó como futbolista.

Por su parte, el fiscal Matías Merlo buscará establecer si la amenaza que no fue denunciada se realizó por pedido de integrantes de la barra brava de Newell’s, quienes están sospechados por el hecho ocurrido en Funes, con uno de ellos detenido, que enfrentará la Justicia esta semana por el ataque al country.

Merlo al enterarse por los medios decidió actuar de oficio de lo que consideró un hecho grave no denunciado ante la Policía ni la Justicia.

 

Las declaraciones de Di María se dieron en los días previos a la imputación que llevará a cabo el fiscal Pablo Socca a “Rengo”  de 30 años y  “Bebe”  de 43 años, a quienes, se presume, les atribuirá la planificación del ataque armado al country donde viven familiares del campeón del mundo.

En esa investigación, Socca ya acusó a Pablo Ezequiel Acotto y Sara Belén Gutiérrez, los ocupantes del Renault Megane gris que fueron el 25 de marzo pasado hasta el country de Funes, a efectuar los tiros y a arrojar el cartel intimidatorio. En esa audiencia, el fiscal afirmó que habrían cometido el atentado por cuatro millones de pesos.

 

Socca quedaría a cargo de la investigación de la amenaza de la cabeza del cerdo, al conectarse ambos expedientes. 

 

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