Aerolíneas Argentinas despidió a Daniela Carbone, la azafata acusada de realizar una amenaza de bomba en el vuelo AR1302, que tuvo que ser demorado, el 21 de mayo pasado, mientras la mujer sigue detenida, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Bajo la tipificación de “despido causado”, la medida llega luego de que la compañía sea tenida como parte querellante en la causa que se le siguiera a la tripulante de cabina por Intimidación Pública y Entorpecimiento de Servicios Públicos.

Amparada en la Ley de Contrato de Trabajo (art. 242 y 243), resolvió el despido justificado con causa, habiendo incurrido en graves violaciones al Código de Ética empresarial y a los artículos 62, 63, 84 y 86 de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo.

“La empresa ha corroborado con creces su participación directa / indirectamente (involucrando a su hija en ello) en la referida amenaza de bomba, la cual causó severos perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, además del mal momento que le hizo pasar a pasajeros y a la tripulación presente (causándole también daños por pérdidas de combinaciones o por las demoras ocasionadas)”, dice en una parte del telegrama de despido.

 

Todo sucedió el domingo 21 a la mañana, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando se preparaba la partida a las 7:35 del vuelo “AR1304 Ezeiza-Miami” que llevaba a 270 pasajeros y 12 tripulantes. “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, decía voz que resultó distorsionada del otro lado del teléfono.

Rápidamente, se activó el operativo de protocolo de seguridad para descartar cualquier peligro. Sin embargo, como consecuencia de la amenaza, el avión postergó siete horas su partida, una complicación que a la empresa estatal le costó una cifra que rondó el millón de dólares.

El juez Villena y el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar de inmediato junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con interrogatorios a la tripulación, y el análisis de las comunicaciones

Allí, hubo un detalle que a los investigadores les llamó la atención. Todo el tiempo hay amenazas en el aeropuerto, pero el teléfono al que se había hecho la de este día no era un número fácil de conseguir. 

 

El domingo 28 de mayo, apenas aterrizó, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Carbone, de 47 años. Se la acusa de intimidación pública, entorpecimiento de los servicios públicos y coacción agravada. La amenaza la había hecho desde el teléfono de su hija.

A la espera de la resolución procesal, el juez abrió un incidente para evaluar si puede concederle el arresto domiciliario bajo ciertas pautas y condiciones de conducta. 

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