Una fiscal solicitó prisión perpetua para el ciudadano venezolano que está siendo juzgado como presunto autor material del crimen del turista inglés Matthew Gibbard, cometido en diciembre de 2019 en la puerta del Hotel Faena del barrio porteño de Puerto Madero, y penas de entre tres y cuatro años de cárcel para otros nueve integrantes de una banda que se dedicaba a asaltar a extranjeros a los que seguían desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, informaron hoy fuentes judiciales. El pedido fue formulado ayer por la fiscal general de juicio María Luz Castany, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) 17 de la Capital Federal, que desde marzo pasado juzga a 12 ciudadanos venezolanos y a un argentino, algunos como autores de este homicidio, otros de varios robos y diez de ellos de conformar una asociación ilícita, según informó el sitio institucional fiscales.gob.ar.

El pedido de la pena máxima de prisión perpetua alcanzó a Ángel Eduardo "Cachete" Lozano Azuaje, a quien la fiscal acusó como miembro de una “asociación ilícita” y autor de los delitos de “homicidio agravado criminis causa” (matar para ocultar otro delito) en perjuicio de Mathew Charles Gibbard (55) y “homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa” en perjuicio del hijastro del primero, Stephan Zone (28), y “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda, en grado de tentativa”. En su caso, l a fiscalía también reclamó su absolución en relación a otros siete robos por los que también había llegado elevado a juicio. La fiscalía también pidió condenas de entre tres años de prisión en suspenso y cuatro años de cárcel para Carlos José López Sánchez –quien había llegado a juicio identificado con el falso apellido de Manzo Tortolero-, Luis José Lozano León, Aly José Ramos Ladera, Miguel Ángel Aguirre Cancine, Samuel Francisco Zerpa Meneses, Carlos Alberto Martínez Moreno, Rubén Dario Cañete Lobo, Elvis Javier Escalante Blanco y Christian Rafael Caicedo Lobo.

A su vez, Castany solicitó la absolución de tres de los imputados en el juicio: Anailuj Yesenia Aguilar Tovar, Daniel José Reinosa Zembrano -ambos venezolanos- y del ciudadano argentino Franco Antonio Rodríguez, respecto a su participación en la asociación ilícita y en tres robos. Durante su alegato de ayer ante los jueces Silvia Guzzardi, Pablo Vega y Juan Giudice Bravo, la fiscal también requirió que se diera intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que dispusiera la expulsión de todos los ciudadanos venezolanos implicados en esta causa. Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de los nueve vehículos empleados por la banda para delinquir en estos hechos, que son siete autos -un Ford Fiesta, un Chevrolet Classic, un Volkswagen Suran, un Fiat Siena, un Peugeot 207, un Chevrolet Prisma y un Toyota Corolla-, y dos motocicletas marcas Mondial y Brava Altino. Según el requerimiento de elevación a juicio que en su momento hizo el fiscal de instrucción Juan Pedro Zoni, los imputados conformaban una asociación ilícita que funcionó entre el 12 de noviembre y el 14 de diciembre de 2019. De acuerdo con la acusación, con una clara división de roles, los imputados cometieron distintos delitos contra la propiedad contra turistas que ingresaban al país a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En el debate oral, que comenzó en marzo pasado, la fiscal Castany -con la colaboración de los auxiliares fiscales Germán Wechsler y Natalia De Angelis- describió los distintos hechos endilgados a la banda –ocho robos, uno de ellos con el homicidio del turista inglés-, y señaló que la selección que realizaba de las víctimas no era al azar, sino que existía un “modus operandi”. En tal sentido, determinó que los integrantes de la banda “marcaban” a los damnificados en el área de ingresos del aeropuerto de Ezeiza y que le pasaban la información a quienes estaban afuera, donde se individualizaba el vehículo que trasladaba a las víctimas.

Así, seguían con autos y motos hasta su residencia y, cuando llegaban a destino, actuaban: asaltaban a sus víctimas con armas de fuego y después se daban a la fuga. El hecho más grave ocurrió el 19 de diciembre de 2019, cuando la banda "marcó" a Gibbard y a su familia en el sector de arribos del aeropuerto de Ezeiza y comenzó a seguir, a bordo de dos autos y una moto, a la combi que los trasladaba. Tras llegar al Hotel Faena, ubicado en Martha Salotti al 400 de Puerto Madero, y cuando Gibbard y su hijastro estaban descendiendo del vehículo, Lozano Azuaje se les acercó exhibiéndoles un arma y les exigió que entregaran sus valijas y relojes. Siempre según la acusación y por lo que quedó grabado por cámaras de seguridad, allí comenzó un forcejeo con ambas víctimas, que culminó con Lozano Azuaje efectuando disparos. Gibbard recibió dos tiros en su espalda que le causaron la muerte, mientras que a su hijastro, Stefan Zone, le dispararon en la pierna izquierda, lo que le produjo una fractura expuesta lateral del fémur.

El principal imputado, "Cachete" Lozano Azuaje, aceptó declarar al inicio del juicio, dijo desconocer los hechos de los que se lo acusa y explicó que si huyó a Salta fue porque le llegaron "rumores" de que "agentes de Inmigración" iban a ir al lugar y él no había ingresado de forma legal.