Por María Helena Ripetta
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Nadia Benítez tenía 32 años. El 6 de febrero de este año fue asesinada a golpes en su casa, en Rosario. Por el crimen quedó detenido su pareja, Federico Aranda, con quien tenía una hija de 13 años. Se le otorgó el beneficio de las salidas laborales. “Dicen que se las dieron por buen comportamiento. Nosotros queremos que esté preso y nos den fecha de juicio”, dijo a “Crónica” María Belén, una de las hermanas de Nadia. 

“La primera vez se las dieron del 3 de junio al 4 de agosto de 8 a 18 horas para trabajar en una obra en construcción. Lo vieron diferentes testigos en lugares lejanos a la obra, incluso mi hermana mayor lo vio en la casa de la madre, que es en la misma cuadra que nosotros. A pesar de eso, el 15 de agosto se las volvieron a otorgar por 60 días y nunca nos escucharon a nosotros”, sostiene María Belén, cuyos padres se presentaron como querellantes en el expediente. Ella compartía el patio de la casa con ellos. “Yo lo vi arriba de mi hermana”, dice María. 

La versión del imputado es que esa noche salieron con Nadia, que luego de regresar juntos a su casa él volvió a salir para ir a tomar algo con un amigo y al regresar se encontró con la víctima en el piso, ensangrentada y ya sin vida.

“Mi hermana murió a golpes. Primero quisieron decir que se había caído del balcón y se demostró que no. El fiscal nos dijo que iba a quedar preso hasta el juicio, pero le dieron el beneficio que además viola”, agrega María Belén. La jueza Mónica Lampert le otorgó, según supo la familia, las salidas laborales con obligación de depositar parte de su salario en concepto de cuota alimentaria a favor de la hija. Por otra parte, el Juzgado de Familia le otorgó la guarda de la nena a los abuelos maternos.

“Pedimos que el imputado no tenga estos privilegios, lo cual no cumple. Lamentablemente su mamá vive a dos casas de la nuestra, la cual tenemos mucho miedo de que él vaya ahí”, reitera María Belén, quien junto a su familia busca justicia por el crimen de Nadia.