A través de la Resolución 297/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno implementó una serie de restricciones para los presos de alto riesgo alojados en cárceles federales, y suspendieron por 30 días el derecho a utilizar el teléfono para los narcos Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla.

¿Cuáles son las restricciones?

Se implementó una serie de “medidas de control previstas en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal en la realización de las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema”.

De esta manera, se estableció que el teléfono público se ubicará fuera del sector de alojamiento; cada interno de alto riesgo podrá comunicarse telefónicamente a través de la/s línea/s autorizada/s, una vez por semana, en un día y horario fijos y determinados en forma previa.

En cada turno semanal, el interno dispondrá de un período máximo y total de 20 minutos para realizar comunicaciones telefónicas a través de las líneas autorizadas en forma previa. 

Las llamadas serán realizadas por personal de custodia “a efectos de comprobar si el/la receptor/a -previamente identificado- está dispuesto/a a recibir la llamada”.

Además, se aclaró que “las restricciones establecidas en la presente no serán aplicables a las comunicaciones que cada interno efectúe con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubiera designado en tal carácter y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo, ni tampoco a las comunicaciones que se efectúen con los organismos de control”.

“Las personas privadas de la libertad incorporadas al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, presentan altos o muy altos niveles de riesgo de fuga, de dirigir o participar de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad, riesgo de corrupción y violación del régimen interno con propósitos criminales, y riesgo de entorpecimiento de investigaciones judiciales”, especificó el Poder Ejecutivo sobre los peligros que conllevan estos criminales para la sociedad.

 

Entre los motivos que llevaron a endurecer las medidas, se estableció que “en la reciente actualización efectuada en el mes de abril de 2024 del informe ‘Análisis institucional sobre el fenómeno de la Narcocriminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios’ elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuración General de la Nación, se alertó a este Ministerio de Seguridad acerca del empleo de diversas tácticas que permiten sortear las restricciones establecidas en las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema. Esta forma de evadir los controles penitenciarios posibilita que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado permita la comunicación con otras personas no autorizadas o, incluso, excluidas del listado de contactos autorizados. Se destacó expresamente que, concretada la comunicación con personas no autorizadas mediante tales mecanismos, se han identificado indicaciones para la comisión de actividades ilícitas fuera del establecimiento penitenciario”.

Por ello, la Procuración General de la Nación recomendó “reforzar el alcance de las medidas previstas en el Sistema con relación al control de las comunicaciones telefónicas, a la luz de las evidencias recolectadas y expuestas en el documento”.

 

En este contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación encabezado por Patricia Bullrich, decidió suspender las comunicaciones de dos capos narco sospechados de estar detrás de los asesinatos de trabajadores en Rosario que causaron terror. 

Mediante la Resolución 298/2024, el Ministerio de Seguridad suspendió por el término de 30 días las comunicaciones telefónicas de Esteban Lindor Alvarado y de Claudio “Morocho” Mansilla, dos capos narco que se encuentran sospechados de instigar desde la cárcel algunos de los homicidios de trabajadores ocurridos durante la escalada de violencia en Rosario.

Solo podrán comunicarse “con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubieran designado en carácter de defensores y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo y con los organismos de control”.

 

"Pudieron haber determinado y encomendado la comisión de alguno de los hechos violentos que tuvieron lugar durante el año en curso en la Ciudad de Rosario, desde su lugar de alojamiento en el sector destinado al “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal I del Servicio Penitenciario Federal”, dice el texto. 

“Visto lo expresamente informado por la señora Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe acerca de que se estarían concretando maniobras para evadir los controles impuestos sobre las comunicaciones telefónicas autorizadas con el fin de tomar intervención en la comisión de hechos delictivos de gravedad, en cumplimiento del deber general de prevención del delito que se encuentra en cabeza de este Ministerio y con el objeto de impedir que los internos puedan continuar comunicándose con fines ilegales en un contexto de criminalidad organizada, se impone suspender las comunicaciones telefónicas de Alvarado y de Mansilla”, agregó la resolución. 

"Consumados los 30 días de suspensión en las comunicaciones telefónicas, se consultará nuevamente a la Fiscal General del MPA de Santa respecto de la continuidad de la medida”, se aclaró en el Boletín Oficial.