Valeria Díaz Quispe viajaba junto a su marido en un micro rumbo a Mendoza. Sobre la ruta 40, a la altura del escuadrón 29° de Gendarmería Nacional, el vehículo se detuvo para un control vehicular de rutina. Allí entregó su documentación como el resto de los pasajeros y nada había en los registros para impedir que siguira su viaje.

Sin embargo, las autoridades reconocieron a su pareja, quien había estado vinculada a una causa de narcotráfico. Por tal motivo, la hicieron descender y revisaron sus prendas, aunque no hallaron ningún elemento. Como Díaz Quispe continuaba nerviosa, decidieron requisar sus partes íntimas.

Fue allí que al revisar su vagina encontraron una bolsa de nylon que contenía 100 gramos de cocaína, motivo por el cual quedó detenida. Días después fue imputada por transporte de estupefacientes, un delito que prevé de 4 a 15 años de prisión.

Sin embargo, sus abogados argumentaron que para una requisa de tal grado los gendarmes necesitaban una orden de un juez motivo por el cual solicitaron que se declare nula la requisa y, lógico que su defendida recupere rápidamente su libertad.

Además, los testigos del procedimiento declararon que no observaron la requisa si no que los hicieron descender del colectivo cuando ya estaba secuestrada la droga. Los jueces Olga Pura Arrabal, Manuel Pizarro y Alfredo Porras fallaron a favor de la defensa, declararon nula la requisa, sobreseyeron a la sospechosa y ordenaron su inmediata libertad.

Los magistrados tuvieron en cuenta que los agentes podrían haber solicitado una autorización telefónica a un juez para hacer una requisa de tal magnitud y además no hubo testigos femeninos que presenciaran el acto.