El Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de María de los Ángeles "Marita" Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán.  Fue después que la semana pasada se conocieran avances en la causa que investiga su posible muerte.

A través de la resolución 562/2023 publicada  en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó la recompensa, "dentro del territorio de la República Argentina, por la suma de pesos cinco millones ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Verón, de nacionalidad argentina, titular del DNI 26.961.699". También incluye a aquellas personas que aporten información que permita "lograr la detención de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos vinculados a su desaparición y/o sus encubridores".

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas  llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante. El miércoles pasado, Susana Trimarco, la mamá de Marita, en una conferencia de prensa dijo: "Si está muerta, quiero los huesos de ella para que tenga Justicia mi hija y su familia, su hija, yo como mamá y su hermano. Quiero que tengamos un lugar para ponerle una flor". Fue después de quee trascendiera la información sobre nuevas pistas en la causa relacionadas con la supuesta existencia de una carpeta con fotos que demostrarían que la joven murió y que hubo alguna vinculación de "sectores gremiales". Trimarco confirmó el pasado 9 de agosto que el Sindicato Luz y Fuerza está involucrado en el caso y remarcó que ya no le tiene miedo "ni al diablo". A partir de la nueva Resolución del Ministerio de Seguridad, la Fundación emitió yun comunicado donde remarcan que todo testimonio útil "puede ayudar" en la causa. "Instamos a la comunidad en general a comprometerse con la búsqueda y dar la mayor difusión posible de esta recompensa", concluyeron.

Marita tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.  Desde ese día está desaparecida. Vivía con su hija Micaela que hoy tiene 23 años.

Su mamá Susana encaró ella misma las investigaciones, incluso ingresando en los prostibulos haciendose pasar por prostituta en busca de su hija. La información que logró juntar permitieron a la Justicia llegar a  a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

El 18 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 13 miembros del Clan Ale, entre ellos a sus líderes Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "El Mono" Ale, quienes recibieron penas de diez años de prisión y una multa de ocho millones de pesos como autores de los delitos de "lavado de dinero proveniente de la usura, la extorsión, la explotación económica del ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes, y por asociación ilícita en carácter de jefe".

Los otros integrantes del clan, Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, María Jesús Rivero, María Florencia Cuño, Valeria Fernanda Bestán, Julia Esther Picone, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero, recibieron penas de entre siete y tres años. Oscar Dilascio, Hernán Lazarte y Sergio Parrado fueron absueltos.

Mientras se desarrollaba el juicio, Ale -junto a otros miembros del clan que se encontraban en prisión preventiva- fueron liberados por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, pero luego de conocerse la sentencia tuvieron que volver a prisión.

Rubén Ale cumplía su condena en prisión domiciliaria en su casa a causa de sus problemas de salud, hasta que tuvo que ser internado en el hospital donde finalmente falleció.