Por Florencia Guerrero 
fguerrero@cronica.com.ar 

El crecimiento de contagios de Covid-19 intramuros despertó un alerta que comenzó en los fríos pasillos de los penales, donde penitenciarios y detenidos son potenciales víctimas, y agitó esta semana al equipo de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que realiza el seguimiento.

La preocupación no es para menos: el lunes se registró el tercer contagio confirmado entre el personal de la Unidad Penal 15 de Batán, que se sumó a los varios jefes infectados en el Penal de Florencio Varela. En el caso de Batán, el efectivo que dio positivo tiene residencia en la localidad de Dolores y había prestado servicios de guardia por última vez el 1º de julio.

Fuentes del SPB informaron a este diario que el agente no tuvo contactos con una enfermera y un agente que se desempeñan en la Unidad Penal 44, la alcaidía que funciona dentro del mismo complejo, que también dieron positivo en los últimos días. Justamente por esos primeros casos, en Batán hay 14 efectivos de guardia que cumplen con el aislamiento preventivamente.

Sin un reporte oficial sobre contagios del SPB que informe sobre la situación global de penitenciarios y presos, las unidades de Florencio Varela, Campana, Bahía Blanca, San Martín, Dolores, Sierra Chica, Melchor Romero, La Plata y González Catán siguen reclamando otros caminos, aunque en el marco de la pandemia la Dirección de Salud Penitenciaria estableció en marzo medidas de prevención y protocolos de actuación que suspendieron las visitas en alcaidías y penales de la provincia y únicamente los allegados de los internos pueden acercar mercadería, como comida o indumentaria, que debe pasar por un doble proceso de desinfección.

"Los protocolos están implementados a la buena de dios. No hay nadie que venga desde Salud, acá no hay elementos sanitarios y ahora nos agarró la pandemia", dijo a Crónica Marcelo, detenido en la Unidad 45 de la ciudad de La Plata, donde, según explicó, se aplica un mínimo protocolo: "El policía ingresa con barbijo y guantes, antes debe desinfectarse. Los hisopados no se realizan o, si se hacen, mientras esperan el resultado los traen nuevamente a la cárcel y niegan el tema. El sistema judicial parece despreocupado y aplica un cerrojo, los organismos internacionales aconsejaron tomar otro camino, pero no se hace".

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la población carcelaria asciende a 103.209 personas en prisiones y comisarías. La tasa de hacinamiento, que es del 22,1% promedio a nivel federal, se incrementa sobremanera en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por lo que expertos de la ONU han señalado la grave situación penitenciaria en el país, recomendando al Estado ajustar las condiciones de reclusión a las normas internacionales en la materia.

"Vienen a buscar los votos a los penales, pero después se olvidan de nuestros derechos", afirmó Marcelo. Desde la unidad bahiense de Villa Floresta, donde en los últimos días se confirmó que hay cuatro miembros del servicio penitenciario con el virus, Pablo, detenido en ese penal, también dio su opinión a este medio: "Las condiciones no son adecuadas y no hay ningún médico que nos atienda. En este penal hay entre 40 y 100 casos de compañeros con fiebre, no hay distanciamiento social y faltan insumos para los reclusos y el personal".

En este contexto crítico, el pasado lunes las autoridades penitenciarias y de las áreas de salud de los establecimientos penales bonaerenses intercambiaron información y realizaron un seguimiento de las medidas aplicadas en las cárceles y alcaidías provinciales. En la reunión estuvieron presentes el jefe del SPB, Xavier Areses; la directora provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, entre otros funcionarios, y los jefes de los 12 complejos penitenciarios bonaerenses, quienes presentaron informes sobre la situación general.