La Justicia Federal de Morón resolvió enviar a juicio a la viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, a su hijo, al ex futbolista colombiano Mauricio "Chicho" Serna y a otras seis personas procesadas por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina en la causa conocida popularmente como "El Café de los Angelitos".

Según dio a conocer la página web Fiscales, la decisión fue tomada por el Juzgado Federal Nº 3 de Morón, a cargo de Néstor Barral, tras el pedido realizado en agosto último por el fiscal federal 1 de Morón, Sebastián Basso, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminaldad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

Entre los nueve acusados que irán a juicio están la viuda de Escibar Gaviria, María Isabel Santos Caballero; el hijo, Juan Sebastián Marroquín y el ex futbolista "Chicho" Serna, a quienes se les atribuye haber realizado un aporte "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos.

Vinculado al líder del Cartel de Medellín, Piedrahita Ceballos es uno de los principales personajes de esta historia, ya que como arrepentido y desde una cárcel de Florida, Estados Unidos, país al que fue extraditado, brindó información crucial para la causa. Luego, en un juicio abreviado que deberá ser convalidado por el tribunal que lleve el juicio oral, se acordó una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 170 millones de pesos.

Antes de elevar el caso a juicio, el magistrado rechazó los planteos de oposición y de sobreseimiento realizados por parte de las defensas. 

De acuerdo a la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal les imputa a Piedrahita Ceballos, al abogado argentino Mateo Corvo Dolcet, a María de los Ángeles Verta, a María Gabriela Sánchez y a Pedro Antonio Ruíz, el haber integrado "una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 -fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos- hasta el 29 de septiembre de 2017".

Esa organización, según las fuentes judiciales, estaba dedicada a "poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió el ciudadano colombiano Piedrahita Ceballos por fuera del país, específicamente en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, con el objeto de otorgarles apariencia lícita".

Con ese fin, la banda llevó a cabo "actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos" y mediante distintas empresas logró ingresar al sistema financiero argentino sumas que alcanzaron los tres millones de dólares y 1,7 millones de pesos.

Por otro lado, los fiscales les atribuyen a la viuda e hijo de Escobar Gaviria "haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada".

Similar acusación pesa sobre Serna, a quien se acusa de "haberle entregado a Piedrahita Ceballos, a un precio irrisorio y ficticio, los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado “El Campito” -actualmente identificado como “Club de Campo San Diego”-, y dos lotes del “Barrio Terravista S.A.”, los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar.

Finalmente, se le imputa al acusado Esteban Adrián Delrio el haber puesto en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes desplegadas por Piedrahita Ceballos, también en Colombia y los Estados Unidos.

El devenir del expediente permitió establecer que el colombiano y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en emprendimientos inmobiliarios en Pilar y servicios de bar/confitería, entre ellos en la explotación de "El Café de los Angelitos" de Balvanera, que fue allanado en 2017.