En el epílogo del 2018 se sancionó la Ley Brisa, una reparación económica a hijos de víctimas de femicidios. Un manto de justicia a las víctimas directas e inocentes de los brutales crímenes perpetrados contra las mujeres: sus descendientes.

La norma sancionada y reglamentada en 2018 estipula que una vez que el femicida es procesado, los hijos y las hijas menores de 21 años o mayores, pero que padezcan alguna discapacidad, serán beneficiarios de un resarcimiento de $8.600.

Un monto económico simbólico para esos familiares, por lo general abuelos, que deben criar a los chicos cuyas mamás murieron. Y cuyos papás, generalmente artífices de los crímenes, quedan presos o se quitan la vida.

Nahir Mamaní murió asesinada a puñaladas, en febrero de 2017 por el padre de su hija, Leonardo Iván Agüero. El crimen ocurrió en la capital de Jujuy y el hombre fue condenado a cadena perpetua previo otorgarle a Víctor, padre de la víctima, el cuidado de la nena.

Cuando debía percibir el monto de la Ley Brisa, Víctor se encontró con un nuevo escollo: para percibir el beneficio le piden que la menor lleve el apellido del padre, es decir, el asesino.

El pedido surge debido a que, antes de ser asesinada, Nahir había añadido en la partida de nacimiento de su hija, los datos del padre de la pequeña, aunque nunca hicieron el cambio del DNI. La abogada de Mamani, Mariana Vargas, sentenció: "No cumplen con la ley al no otorgar la reparación a la niña porque no está en duda su identidad". En tanto, el organismo de estado encargado de otorgar el beneficio asegura que hay una "observación que hace el organismo por una inconsistencia de datos en la partida de nacimiento, que se está evaluando y por eso aún no se entregó el beneficio". Dicho trámite, sin embargo, puede durar hasta un año.