El juez que condenó a Ricardo Russo, ex pediatra del Hospital Garrahan, en uno de los juicios más resonantes del año, destacó el "doble valor pedagógico" de una sentencia cuando es producto de un debate oral y público, dado que educa en "la gravedad de los delitos" pero también en las ventajas de una justicia "de cara a la comunidad". 

"Lamentablemente en el fuero federal estamos acostumbrados a otra forma de resolver, una forma encriptada que no explica qué hechos se dan por acreditados y por qué", dijo en una entrevista Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la justicia porteña.

Justamente la oralidad, es decir, la exigencia de que todas las decisiones se adopten en el marco de audiencias y se comuniquen verbalmente en lugar de tomarse a puertas cerradas y por escrito, es una de las innovaciones que incorpora el nuevo Código Procesal Penal Federal aprobado hace 4 años que hasta el momento solo rige en Salta.

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"En los sistemas de justicia más modernos, como es el caso de la de la ciudad de Buenos Aires, de muchas provincias y la mayoría de los países de Latinoamérica, el juez debe resolver de cara a la comunidad", señaló Rua.

"Esto tiene un doble valor pedagógico, porque permite entender la gravedad de las conductas (juzgadas), pero también reconocer que los jueces estamos obligados a fundamentar oralmente y con un lenguaje llano nuestras decisiones", agregó.

Ese valor pedagógico en el primer sentido se vio en la sentencia contra el ex jefe de Inmunología y Reumatología del Garrahan Ricardo Russo, condenado por Rua a 10 años de prisión por ser responsable de tenencia, producción y distribución de "representaciones de menores de trece años dedicados a actividades sexuales explícitas" e imágenes de sus genitales "con fines predominantemente sexuales". Asimismo fue inhabilitado para ejercer la medicina de por vida.

Es que en los fundamentos de la resolución -que fue íntegramente leída por el propio Rua el pasado 6 de noviembre- el juez explica, por ejemplo, que no iba a hablar de "prostitución infantil" como lo hicieron la mayoría de los medios que cubrieron el juicio, "sino de imágenes de explotación o abuso sexual infantil".

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"Hablar de pornografía infantil minimiza el hecho y da la sensación de que fuera sólo un acto grotesco reservado a la conciencia de la persona. Y esto claramente no es así: no se trata de imágenes de relaciones sexuales sino de actos violación, de explotación sexual infantil que implica un daño enorme a un menor y por eso el Código Penal argentino persigue no solo al que publica, sino al que distribuye y tiene los materiales", dijo.

Respecto a los beneficios de la oralidad, el magistrado aseguró que "cuando uno abre la sala de audiencia gana en valores muy fuertes" tales como "transparencia, publicidad, claridad y celeridad" que "lamentablemente no estamos acostumbrados a reclamar".

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Sobre estos mismos principios se basa el sistema acusatorio -aquel en el que es la fiscalía la que conduce la investigación que termina en el pedido de elevación a juicio- que rige en la justicia porteña y en muchas provincias y será introducido en el fuero federal a través del nuevo código procesal penal.

Para Rua, además de la adopción del sistema acusatorio, una justicia más democráctica y republicana requiere implementar el juicio por jurado en las 17 provincias que aún no lo tienen, algún sistema de "rendición de cuentas" por parte los representantes del ministerio público, y fiscales que investiguen los "mercados económicos criminales" respecto a los cuales los delitos investigados pueden ser "el último eslabón".

"Siempre la decisión de un juicio por jurados tiene más legitimidad porque en lugar de que resuelva un juez profesional que en general pertenece a una clase social aventajada, lo hacen 12 ciudadanos -6 hombres y 6 mujeres- con distinto origen social, lo que aporta diferentes miradas y enriquece el debate", dijo.

Rua hizo hincapié en la necesidad de "fiscales que expliquen cuál es su plan de política criminal y que sean evaluados por la sociedad". Por último, explicó que "todo delito responde a una de dos grandes vertientes: un mercado económico criminal o conductas sociales que hay que ir erosionando".

"Los ministerio públicos fiscales más modernos empiezan a comprender que no se puede perseguir cada caso de manera individual sino que hay que comprender cuál es el fenómeno criminal que hay detrás" que puede involucrar "un mercado criminal que mueva mucho dinero e intereses", concluyó.