Un fiscal solicitó condenas de entre un año y medio y tres años de prisión para cuatro ex integrantes de la Policía Federal que conformaban la cúpula de la comisaría 38va. porteña, acusados de encubrir el funcionamiento de tres prostíbulos del barrio de Flores, informó este miércoles el Ministerio Público Fiscal.

Se trata del comisario Roberto Cabrini, los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo Martínez y el subinspector Sergio Rodríguez, quienes fueron imputados en 2010 luego de que, según la acusación, se descubriera que mantenían vínculos con los dueños de los locales nocturnos Doly's, Fama y Envidia, donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

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Además, se les adjudica haber fraguado actas de inspección y testimonios en procedimientos policiales realizados en dichos prostíbulos para encubrir investigaciones que afectarían a los dueños de los locales, según publica el sitio Fiscales.gob.ar.

El pedido de penas fue realizado por el fiscal Carlos Gamallo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 20, en la primera audiencia de la etapa de alegatos del juicio, que comenzó el pasado 1 de marzo.

El fiscal hizo hincapié en la "estrecha relación" que mantenían los comisarios y el inspector con los dueños de los prostíbulos, lo que dijo que fue constatado a través de la "enorme cantidad" de llamados telefónicos entre unos y otros, "especialmente en los momentos previos y posteriores a los allanamientos" realizados entre 2008 y 2011.

El fiscal hizo hincapié en la "estrecha relación" que mantenían los comisarios y el inspector con los dueños de los prostíbulos. 

En tanto, la auxiliar de la fiscalía, Priscila Eisenchlas, destacó la existencia de actas policiales en las cuales los testigos no reconocieron sus firmas y sobre las que, tras realizar pericias caligráficas, se descubrió que no correspondían con las personas que supuestamente habían ratificado los documentos.

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Al respecto, Gamallo aseguró que los funcionarios utilizaron firmas de vecinos que habían concurrido a la seccional por otros motivos con el fin de "encubrir investigaciones para beneficio personal de los dueños de los locales nocturnos".

El letrado también sostuvo que a los comisarios "se les demanda que conozcan su jurisdicción" y, en ese sentido, "ellos sabían perfectamente qué era lo que sucedía en los locales" e incluso "reconocieron que eran cabarets".

"Ellos sabían perfectamente qué era lo que sucedía en los locales" e incluso "reconocieron que eran cabarets". 

Por eso, agregó que si los acusados se encontraban con "mujeres ligeras de ropa" durante los allanamientos y sabían lo que ocurría con ellas, "no podían volcar en las actas que no había novedades ni anomalías".

"Se trata de gente con experiencia en la calle, si a esto le sumamos las llamadas telefónicas, se va completando el rompecabezas", aseveró.

Al finalizar su alegato, Gamallo pidió condenas e inhabilitación total para los cuatro imputados como "coautoeres del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente".

Gamallo pidió condenas e inhabilitación total para los cuatro imputados. 

La próxima audiencia, en la que alegarán las defensas de los ex policías, tendrá lugar el lunes 29 de mayo, indicó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación comenzó en abril de 2010, cuando la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en ese momento llamada Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), realizó una denuncia por un mail que acusaba al comisario Cabrini de cobrar coimas para brindar "servicios de seguridad" en varios comercios de la zona.

A raíz de esa sospecha, se inició una pesquisa preliminar, a la que se sumó otra causa de la UFASE, que indagaba sobre la existencia de domicilios en los que se ejercía la prostitución, cuyos dueños estaban vinculados con la cúpula de la comisaría.

"Los imputados realizaron una cobertura ilegal de los prostíbulos de forma sincronizada a partir de un ilegítimo convenio inicial-pago de una suma determinada de dinero".

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Fernando Fiszer, a cargo de la Fiscalía Nacional de Instrucción 8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Protex, consideraron que los imputados realizaron una "cobertura ilegal de los prostíbulos de forma sincronizada a partir de un ilegítimo convenio inicial-pago de una suma determinada de dinero".