La Justicia solicitó la captura internacional de una maestra de nivel inicial, buscada por estafar a varias de sus compañeras de trabajo usando los datos de sus tarjetas de crédito y débito.

El fiscal Miguel Ángel Kessler, titular a cargo de la Fiscalía especializada en Ciberfraudes, requirió la detención de la mujer, acusada por un grupo de docentes pertenecientes a una escuela pública del barrio porteño de Boedo.

La investigación comenzó con la denuncia de las víctimas, quienes detectaron consumos inusuales y reiterados en sus resúmenes bancarios, tanto en tarjetas de débito como de crédito. 

Las damnificadas compartieron la situación entre ellas, y notaron que los movimientos no reconocidos presentaban coincidencias en los locales y montos de las operaciones, lo que permitió delinear un patrón común.

Fuentes del caso señalaron que los establecimientos alcanzados por los consumos iban desde locales a la calle y pasajes de avión hasta plataformas de juego online.

El funcionario judicial al frente de la causa obtuvo las pruebas necesarias para darle intervención en el caso al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para reconstruir el circuito de las operaciones sospechosas.

Las tareas consistieron en la recolección de testimonios y la verificación de movimientos en las cuentas de las víctimas. Así, se identificaron 105 compras, sumando un total de $3.688.287,67 en operaciones desconocidas por las denunciantes.

Los investigadores compararon cada uno de los datos bancarios, ubicaciones y fechas, y solicitaron información a las entidades financieras involucradas. Además, un mapeo posterior de los comercios afectados permitió constatar la cercanía y frecuencia de los puntos de compra, lo que confirmó la sospecha inicial de que se trataba de una de sus compañeras.

Gracias al seguimiento del dinero, las autoridades del caso profundizaron la investigación sobre plataformas de juego en línea, donde hallaron cuentas bancarias asociadas a los padres de la docente denunciada por sus colegas. Parte de los fondos, según se comprobó, se cargaron en estas plataformas y luego fueron movidos y retirados a cuentas bajo control familiar.

También se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un reporte de viajes de la maestra sospechosa. Este arrojó que, tras los presuntos robos, la acusada había viajado a Europa y aún no ha vuelto al país. 

El fiscal Kessler determinó que la docente señalada por las víctimas cumplía una suplencia curricular en la escuela damnificada, es decir, que no formaba parte del staff fijo.

En el marco de la investigación, el padre de la sospechosa fue imputado formalmente por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética. Al admitir su participación en 22 hechos de la causa, firmó un acuerdo que permitió restituir más de $1.200.000 a las maestras afectadas, incluyendo intereses.

La causa continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que investiga si la acusada pudo haber cometido hechos similares en otras instituciones.