Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

Gran sorpresa y consternación generó el cierre de la investigación del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa y su elevación a juicio con un único detenido, quien denunció haber confesado el crimen "bajo tortura". La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, parte de la querella, rechazó esa decisión y su titular, Horacio Pietragalla Corti, consideró a cronica.com.ar que se trata de "una práctica de la Justicia para que el poder político del lugar no sufra las consecuencias de las manifestaciones" sociales.

En un comunicado difundido por la cartera, se aseguró que la causa por el femicidio de la mochilera de 35 años, asesinada en abril de 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, "está repleta de irregularidades”, las cuales motivaron el pedido de los abogados de la familia de la víctima y del acusado para que la Secretaría sea querellante.

La principal irregularidad es que el único imputado y detenido es Lucas Bustos, "pese a que no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima", señala la cartera.

"Lo primero que notamos es que las partes querellantes no tenían acceso a la causa, algo muy común en la Justicia, cuando los organismos internacionales obligan a que las familias de las víctimas puedan seguir la investigación", explicó Pietragalla Corti a cronica.com.ar. "Una vez que tuvimos acceso, encontramos que había un sospechoso procesado por el crimen. Esta persona declaró que lo llevaron a la comisaría para que declare que fue él, bajo tortura, pero el juzgado no le dio importancia y siguió con el procesamiento", sumó.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, en fecha y hora que no pudieron determinar con exactitud, pero entre el 5 y 15 de abril de 2020, el acusado Bustos se encontró con Cecilia en un campo cercano al río Calabalumba, de Capilla del Monte, y en ese lugar la sometió sexualmente.

“Con la intención de quitarle la vida para ocultar del delito precedente y lograr su impunidad, apretó el cuello de Basaldúa hasta que dejó de respirar, fracturándole la rama izquierda del hueso hioides, provocando la asfixia mecánica de la mujer, siendo estas lesiones la causa eficiente de la muerte”, afirmó en su pedido la fiscal Paula Kelm, a cargo de la investigación.

Según el funcionario, Bustos, un albañil de 23 años, es miembro de una familia campesina humilde que habita en la zona, a unos 3,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Basaldúa. "No hay prueba ni análisis genético que lo vincule con la víctima", indicó y sostuvo: "En un juicio normal, tendría que terminar en impunidad porque no hay pruebas para acusar al procesado ni hay otras líneas de investigación".

Cecilia se había alojado en la vivienda de un hombre que fue el último que la vio con vida y que denunció la desaparición el 5 de abril de 2020 y que, según la familia y la abogada querellante, es el “principal sospechoso” pero sólo fue citado a declarar como testigo.

"Lo más llamativo de la causa es que, tanto la familia de la víctima como la del acusado, están juntas contra el Poder Judicial porque hay testimonios que vinculan en el crimen a una persona con mucha incidencia en Capilla del Monte, que es propietario de la casa donde Basaldúa pasó varias noches como alojamiento", reveló Pietragalla Corti. Además, la familia apunta a tres personas más: dos policías que investigaron la causa y una mujer, quien habría llevado a la víctima hasta el domicilio donde fue vista por última vez.

Una de las pistas claves de la pesquisa, que no fue analizada por la Justicia, denunció la familia, es un audio anónimo de WhatsApp, en que una supuesta testigo acusa a los cuatro sospechosos de cometer y encubrir el femicidio: "La mujer se la escucha llorando, nerviosa. Cuenta con lujo de detalle lo que pasó esa noche. Querían obligar a Basaldúa a que se sume a una fiesta sexual a la víctima y al negarse, la mataron en el mismo domicilio y la cargaron en un auto para llevarsela. Esto no podemos comprobar si es verdad porque la Justicia no hizo nada por investigar".

En ese sentido, Pietragalla Corti manifestó su sorpresa sobre la decisión de la fiscal de Instrucción de Cosquín de juzgar a Bustos por "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa", que contempla la pena de prisión perpetua. 

"La Justicia está muy en deuda con los casos de violencia de género. Lo sabemos por cada acción e inacción que hicieron. Pero también por casos emblemáticos que conmocionan a la opinión pública, en las provincias pasa mucho. Tienen que buscar un chivo expiatorio para bajar el malestar, la atención o las manifestaciones por pedido de Justicia", explicó.

Además, resaltó el rol de las familias de las víctimas, las cuales "tienen que ponerse a investigar y conseguir más pruebas" ante "una Justicia que no actúa".

Y concluyó: "Esto lo vimos desde las madres y abuelas de Plaza de Mayo, hasta los casos de violencia institucional y lo vemos cada vez que ocurren hechos aberrantes como éste. Nos preocupa y es otra práctica de la Justicia: cerrar las causas rápidamente, no importante si alguien inocente es culpable, pero sí cerrarla para que el poder político del lugar no sufra las consecuencias de las manifestaciones".

Por M.B.