Un abogado quedó procesado por una supuesta tentativa de “estafa” en dos juicios por accidentes de tránsito: se lo acusa de haber utilizado la misma foto como prueba para dos demandas distintas que ocurrieron con 40 días de diferencia. 

La denuncia partió del apoderado de la empresa aseguradora. Según informó después, el letrado consultó la base pública de registros de causas del Poder Judicial de la Nación, y allí encontró que los mismos protagonistas habían iniciado otra demanda por otro choque en otro juzgado. Entre ambos siniestros había 40 días de diferencia: se trató del mismo vehículo y el mismo conductor; también del mismo abogado y del mismo médico que constató las lesiones.

“De la lectura de las constancias incorporadas al legajo se advierte, efectivamente, que parte de la prueba documental” presentada en una de las causas se ofreció “luego en el otro expediente y en respaldo de un reclamo motivado en un siniestro diferente”, concluyó ahora la Cámara Nacional en lo Criminal, que confirmó el hecho delictivo. 

“El apoderado de la empresa aseguradora denunció que los registros fotográficos adjuntados como prueba documental también habían sido empleados por V (el chocado) y P (su abogado) para formular otra demanda similar” contra otra persona “por un supuesto siniestro vial que habría tenido lugar unos cuarenta días antes que el otro”, en los primeros meses de 2019, resumió el fallo del Tribunal de Apelaciones.

En la segunda demanda, se aportaron “diversas vistas fotográficas de su vehículo, presupuestos y constancias médicas en aval a su reclamo”. Y una de las fotografías “es idéntica” en ambas denuncias, remarcó la Cámara.

Se destacó que “en ambas actuaciones se presentaron los mismos presupuestos mecánicos para probar la extensión de los daños al rodado y se ofreció como testigo” un médico que resultó ser "familiar del encausado” para acreditar los “politraumatismos con traumatismo cervical grave con contractura de los músculos paravertebrales de la columna, traumatismo de cuello, traumatismo de cráneo” que habría padecido como consecuencia del supuesto accidente. 

La defensa del imputado aseguró que se trató de un "error" por una similitud de apellidos en las dos demandas. “Los elementos de ponderación reunidos hasta el momento permiten verificar que, lejos de estar frente a una simple confusión derivada de la similitud de los apellidos B. y B. –como lo alega la defensa al recurrir el procesamiento”, el abogado “voluntariamente introdujo y ofreció prueba espuria a los efectos de inducir” al juzgado civil a caer en “un error acerca de los daños derivados de un supuesto siniestro vial” con el fin de obtener un beneficio patrimonial, concluyeron los camaristas Hernán López y Pablo Lucero.

La luz de alarma se encendió en otro juzgado, cuando llegó la contestación de demanda del apoderado de la aseguradora Escudo, cuya póliza tiene contratada el denunciado por el choque. Se envió el expediente al fuero en lo Criminal para que se investigue “la eventual comisión de un delito de acción pública” y se interrumpieron los plazos procesales de la demanda. Ya en el fuero criminal, se requirió al otro juzgado civil el envío de su causa.

V, la víctima en ambos choques, inició con el mismo abogado procesado actuaciones civiles en cada juzgado, sin aludir a la existencia de otro accidente sufrido. Según se denunció, el objetivo sería obtener “indebidamente” dos indemnizaciones “por el mismo daño”. En el portal del Poder Judicial de la Nación de consulta pública “se encuentra la demanda digitalizada y su documental, y las fotografías acompañadas del rodado CHEVROLET son las mismas que acompañó el actor en el caso de marras”, sostuvo el apoderado de la aseguradora en su escrito.

La Aseguradora advirtió que se “está intentando endilgar en el presente, los daños materiales de su motovehículo y las lesiones de ambos casos”. Y se aludió al intento de efectuar una “duplicidad de reclamos” a diferentes compañías de seguros por “los mismos daños, lesiones y gastos”

En la misma resolución, los jueces decidieron que la investigación siga su trámite en la Justicia, en lo Criminal Nacional y que no pase al fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se revocó así este aspecto de lo resuelto por el juzgado de primera instancia que lleva la causa.

“La maniobra presuntamente defraudatoria denunciada habría sido cometida en el marco de una causa que tramita” en un juzgado civil nacional y no en un expediente “radicado ante alguno de los tribunales locales de la Ciudad de Buenos Aires”, dijeron.

El Tribunal de Apelaciones remarcó que “no puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los delitos ejecutados en perjuicio de la administración de justicia nacional de esta ciudad son, en principio, de competencia de los tribunales nacionales ordinarios”. “De manera similar, toda vez que en la presente se habría intentado inducir al error a un magistrado nacional para, de este modo, obtener un pronunciamiento patrimonialmente ventajoso, corresponde que el Fuero Criminal y Correccional continúe entendiendo en las actuaciones”, concluyó la Cámara.