La Justicia determinó que la pistola con mira láser usada en el doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón pertenecía a una persona fallecida de la ciudad bonaerense de Tandil y citó a indagatoria a la viuda y un amigo de ese hombre para que expliquen cómo le llegó el arma a los dos detenidos.

Si bien en un principio se pensaba que la pistola Bersa Thunder calibre .40 secuestrada en la casa del imputado Juan José Navarro Cádiz, estaba a nombre de su madre u otro familiar, los informes sobre el registro del arma indicaron que había sido comprada en una armería de Tandil por un hombre fallecido en 2006.

El juez de la causa, Mariano Iturralde, ordenó una serie de medidas en Tandil vía exhorto y así pudo establecer que la viuda y un amigo cercano del fallecido eran las personas que habían heredado o se habían hecho cargo de las pertenencias del difunto.

Pero además, se pudo establecer que el amigo del dueño del arma también se había comprado a su nombre el mismo día y en la misma armería, una pistola gemela a la del fallecido, es decir, una Bersa Thunder .40 con mira láser idéntica a la usada en el doble crimen.

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Por ello, el magistrado decidió citar a indagatoria a la viuda y al amigo del fallecido titular del arma para que expliquen qué hicieron con esa pistola que terminó en manos de Navarro Cádiz y Juan Jesús Fernández la madrugada del hecho.

También fueron allanados sus domicilios y se les secuestraron los celulares para ver si tuvieron algún contacto con los acusados.

Fuentes judiciales indicaron que la imputación será la de la provisión de un arma, contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal, y que los dos nuevos imputados estaban citados a indagatoria esta semana pero solicitaron una prórroga, por lo que en los próximos días se fijará una nueva fecha.

"Queremos saber cómo llegaron los imputados a tener esa pistola. Quizás el arma fue vendida pero si es así fue una venta informal y no se registró debidamente. Otra posibilidad es que haya sido robada, pero nadie lo denunció", dijo una fuente de la investigación.

A dos meses del doble asesinato de Congreso, tanto Navarro Cádiz como su primo Fernández, ambos de la comunidad gitana, están con un procesamiento con prisión preventiva confirmado ya por la Cámara del Crimen, imputados de un doble homicidio agravado por alevosía y por placer, que prevé una pena de prisión perpetua.

Iturralde recibió en las últimas horas un adelanto de la pericia de barrido electrónico realizada sobre las manos y las ropas de los imputados para establecer quién había disparo, y ese estudio comprometió a Navarro Cádiz.

En tanto, ya se ordenó que el Cuerpo Médico Forense inicie las pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar el perfil de las personalidades de Fernández y Navarro Cádiz y saber si comprendieron la criminalidad del acto y si son o no imputables.

"Antes de la feria serán analizados. Uno de los puntos de pericia será ahondar sobre la fascinación y el gusto que tenían los imputados por las armas, ya que seguimos pensando que no hay un móvil concreto más allá del placer de haber ido a probar un arma de fuego", dijo un investigador judicial.