El jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, presentó su renuncia tanto a su cargo regional como de grado, ante las sospechas de su presunta conexión con bandas delictivas vinculadas al juego clandestino y a la organización narco "Los Monos".

En tanto, otro fiscal de la ciudad, Gustavo Ponce Asahad, que también está sujeto a la misma pesquisa, fue suspendido de sus funciones y mañana a las 15.30 será sometido a una audiencia imputativa.

Serjal dejó este domingo el cargo de jefe regional mediante una carta que elevó al fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, tras lo cual, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acuasción (MPA) solicitó que lo hiciera también a su cargo de grado.

Según las fuentes, el fiscal presentó este lunes esa renuncia también, y ambas fueron elevadas por Baclini al gobernador Omar Perotti.

Esta tarde, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia confirmó que el gobernador finalmente firmó un decreto en el que aceptó la renuncia de Serjal a ambos cargos, por lo que quedó "desvinculado del Poder Judicial".
 

 

"El gobierno entiende que personas sospechadas con el nivel de delitos que se están investigando no pueden estar sosteniéndose dentro de ningún poder del Estado”, señaló el funcionario a Radio 2 de Rosario.

Y agregó: "Esto se corresponde con el propósito que tuvo el gobernador de fortalecer las instituciones e instar que todas ellas pueda cumplir su cometido con eficiencia y sobre todo sin corrupción."

Por ello, es que Perotti "entendió que no es menester que el doctor (Patricio) Serjal continúe dentro del ámbito del Poder Judicial", finalizó.

Por su parte, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Esteban Borgonovo, calificó de "preocupantes y gravísimas" a las denuncias contra Serjal y Ponce Asahad.
 

 

 

En declaraciones a Canal 3 de Rosario, el ministro destacó que "estas cosas salgan a la luz, que esto se sepa y se investigue", y dijo que hará "todo lo que esté" a su alcance "para que los responsables tengan la sanción que merecen”.

"Lo que está claro es que este nuevo sistema está demostrando que más allá del problema de la corrupción, necesita algunos retoques porque evidentemente no hubo alertas tempranos", dijo Borgonovo.

Luego, el ministro consideró que esto "será motivo ahora de una profundización", ya que cree que "con el correr de las horas es probable" que se siga "conociendo más" del caso, por lo que habrá que "actuar en consecuencia".

Consultado de qué cree que piensa al respecto el vecino santafesino, Borgonovo respondió: "No sé qué opina el ciudadano común, yo también soy ciudadano, pero esto me parece horrible, gravísimo, pero celebro que salga a la luz".

 

 

En tanto, el diputado provincial Carlos Del Frade, dijo hoy a LT8 de Rosario que "en el caso de Patricio Serjal hay una responsabilidad política rayana con la complicidad".

Según el legislador del Frente Social y Popular (FSP), Serjal "jugó a favor de ciertos sectores empresariales y políticos, lo que alimentó su percepción de que era impune”.

La situación de Serjal, quien asumió el cargo de jefe de fiscales en abril de 2017 hasta el 2023, será analizada por la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe mañana, mientras que se aguarda un pronunciamiento en cuanto a su situación administrativa.

Por su parte, el otro fiscal investigado, Ponce Asahad, fue suspendido en sus funciones tras un allanamiento realizado en su domicilio el último viernes.
 

 

Fuentes judiciales detallaron que la audiencia imputativa a Ponce Asahad y su colaborador, Nelson Ugolini, se realizará en el Centro de Justicia Penal y que ambos podrían acusados de los delitos de "exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El viernes pasado, el fiscal general Baclini dio una conferencia de prensa en la que explicó que Serjal y Ponce Asahad son investigados por cobrar dinero a personas acusadas de cometer delitos a cambio de filtrar información de las causas o no investigarlos.

Las sospechas surgieron durante una causa por juego ilegal y extorsiones, en el marco de la cual un empresario imputado arrepentido reveló que "entregaba entre cuatro y cinco mil dólares mensuales a los funcionarios judiciales investigados desde hace un año, denuncia que fue corroborada por evidencia objetiva", aseguró Baclini.

 

El empresario fue identificado por las fuentes judiciales como Leonardo Peiti, dueño de salas de juego legales en las provincias de Formosa y Misiones y en Paraguay, pero también acusado de participar del negocio ilícito del juego clandestino.

La semana pasada Peiti fue imputado por extorsiones y juego ilícito como parte de una banda cuyo jefe, Maximiliano "Cachete" Díaz, es un lugarteniente del jefe de la organización criminal "Los Monos".