Tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad, una monja fue rescatada del Convento San Bernardo, ubicado en la capital salteña. Fue durante un allanamiento ordenado por la Justicia, luego de que la religiosa le dijera a sus familiares que quería abandonar el lugar y que las autoridades no la dejaban hacerlo. El fiscal Ramiro Ramos Ossorio tomó intervención  y solicitó la orden de allanamiento. La monja le expresó a sus familiares, oriundos de la provincia de Mendoza, que quería abandonar el convento, pero que se le negaba la posibilidad. Fue a inicios del mes de diciembre que las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano. Pero cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron la posibilidad de retirarse.

Según determinaron los investigadores fueron "infructuosas" todas las iniciativas en la búsqueda de un acuerdo. Se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer. La Fiscalía solicitó a las autoridades de la Policía de la provincia sostener una entrevista con las autoridades del convento. Pero ni siquiera fueron recibidos. Fue ahí que Ramos Ossorio envió a auxiliares fiscales a intentar reunirse con las autoridades, pero tampoco pudieron ingresar al lugar, ni les recibieron la notificación. Con todos esos elementos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento para el predio, que fue autorizada, y con la intervención de la fuerza policial con la colaboración de la División Bomberos, se ingresó al edificio sin forzar el acceso.  

Una vez en el interior la monja ratificó su intención de retirarse del convento, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.

El fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.

 

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