Hace exactamente 20 años la comunidad argentina se conmocionaba con un episodio que hasta el día de hoy lo sigue haciendo: se trata de la Masacre de Carmen de Patagones, en la cual un menor de 15 años asesinó a tres compañeros de un colegio secundario.

El protagonista de la masacre se llama Rafael Juniors Solich (hoy de 35 años) quien tenía un plan que estaba decidido a concretar, y que suscitaría en una de las peores matanzas en establecimientos educativos de nuestro país.

El asunto es que el menor acudió a la Escuela N° 202 Islas Malvinas como todos los días, aunque en esta ocasión llevaba consigo una pistola Browning 9 milímetros perteneciente a su padre (suboficial de la Prefectura) y tres cargadores completos de balas, además de un cuchillo de caza.

En el ingreso al colegio se encontró con una de sus compañeras del 1° B (antiguo polimodal bonaerense), Talía Jaime, quien lo notó “raro” y le preguntó qué le pasaba, aunque nunca recibió respuesta, fue al baño y guardó la pistola, uno de los cargadores y el cuchillo en la campera.

A pocos minutos de comenzar con la clase de derechos humanos, el asesino tomó la pistola, fue en dirección al pizarrón y soltó una ráfaga de disparos con un movimiento de derecha a izquierda, hacia sus compañeros.

Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez murieron en el aula. En tanto, Pablo Saldías Kloster, Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola y Natalia Salomón sufrieron heridas graves y luego se recuperaron.

No conforme con lo realizado, el joven atacante agarró un segundo cargador y se preparó para extender la masacre, salió al pasillo y vio al kiosquero, que corría hacia el aula alertada por las detonaciones y los pedidos de auxilio, por lo que le disparó a él también, pero la bala rebotó contra una pared. Tras la balacera y el llamado de las autoridades del colegio, el criminal fue detenido por la policía bonaerense.

En tanto, el paradero de Juniors se tiñó de misterio desde entonces, al igual que los detalles de la causa judicial que todavía sigue en pie. Luego de que la jueza Alicia Ramallo lo declarara inimputable por ser menor de edad, el atacante estuvo durante tres meses en una base de Prefectura Naval en Ingeniero White. En 2005, fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, de máxima seguridad, en Ensenada.

Con el tiempo, y en razón de que en el penal juvenil había sufrido varios conflictos con otros internos y llegó a autolesionarse, fue derivado al neuropsiquiátrico Santa Clara, en San Martín. En 2007, la jueza le habilitó un régimen de salidas transitorias de acuerdo con los informes médicos que sugerían un cuadro de esquizofrenia o trastorno de personalidad, según el profesional a cargo del diagnóstico.

A lo largo del tiempo judicial, la condición mental del atacante siempre fue objeto de controversias. Nadie estaba dispuesto a pronunciarse sobre la incógnita que rodeaba a Juniors: si podía ser capaz de repetir conductas peligrosas para sí mismo y para los demás.

Cuando el autor de la masacre cumplió la mayoría de edad, el expediente pasó al Juzgado de Familia N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Silvia Mendilaharzo. La evolución de la causa y, puntualmente, de las actividades y el tratamiento psiquiátrico de Juniors, son un secreto bien guardado por la Justicia.

Juniors hoy tiene 35 años, que bajo la órbita del juzgado asiste regularmente a la Clínica San Juan de La Plata. Se conoce también que en una de sus internaciones se enamoró y tuvo un hijo como fruto de esa relación, y que luego se separó de la mamá del nene.

En las elecciones presidenciales del año pasado, la Justicia Nacional Electoral le asignó como lugar de votación un jardín de infantes ubicado en la calle 5 de Villa Elvira, una localidad de 100 mil habitantes que pertenece al partido de La Plata.

Según consta en el expediente de la demanda civil que la familia de uno de los fallecidos inició contra la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) y el Estado Nacional, el padre de Juniors planteó otras inquietudes: dijo, por ejemplo, que le había encontrado a su hijo una cruz esvástica e inscripciones alusivas a Adolf Hitler.

En 2023, la Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó el fallo en primera instancia que condenó al Estado Nacional y provincial a pagar, en partes iguales, el daño moral y psíquico, los tratamientos psicoterapéuticos y psiquiátricos y la incapacidad sobreviviente al crimen de Federico. La sentencia todavía no está firme: la Provincia apeló la resolución bajo el argumento de que la masacre no podía haberse evitado.

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