Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, ordenó que se investigue el expediente sobre el femicidio de Johana Ramallo, la joven que desapareció en julio de 2017 en un contexto de trata de personas y que se trabaje en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) para coordinar líneas investigativas con perspectiva de género. Por otro lado, la familia de Johana además solicitó que se identifiquen las antenas de celulares que se activaron durante los días del hallazgo de los restos de la joven, encontrados en las costas de Berisso en agosto de 2018. Valeria Monetta, abogada de la familia junto a Mariana Inés Lopisi, le expresó a la agencia de noticias Télam la expectativa sobre la decisión de Ramos Padilla, quien asumió recientemente el juzgado y dispuso que se investigue el expediente de 47 cuerpos con perspectiva de género.

"El primer proveído de Ramos Padilla fue que la investigación se delegue a la Fiscalía Federal n° 1 a cargo de Guillermo Ferrara junto con la UFEM que depende de Mariela Labozzetta, con quien ya tuvimos un encuentro de trabajo para compartir información; el magistrado da intervención a la UFEM para que se piense la investigación con perspectiva de género", explicó Monetta.  La abogada además recordó que sigue en vigencia la recompensa de 500 mil pesos a aquellas personas que "sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para obtener información acerca de las circunstancias de la desaparición y muerte de la víctima Johana Luján Ramallo, como así también datos que sirvan para lograr la aprehensión de los autores" del femicidio.

" Nosotras solicitamos una medida importante y estamos a la espera que la acepten. Queremos profundizar la línea investigativa en el lugar del hallazgo, para ello requerimos la activación de celdas de las antenas de la zona", detalló. 

Además, la abogada contó que "estamos elaborando un informe con las irregularidades que creemos se cometieron en la investigación durante la etapa en el fuero provincial, en base a lo que vimos en los más de 47 cuerpos que ya tiene el expediente".

El informe se está llevando adelante con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, y Silvina Perugino, quien fuera abogada de la querella, en su rol actual de Directora Provincial se separó de la misma con el fin de representar a esa cartera en el expediente. El 26 de julio de 2017 Johana salió a las 5 de la tarde de la casa de su madre Marta, en la periferia de La Plata, quien regresaría cerca de las 9 de la noche, pero nunca volvió. Su madre, su abuela y su hija, en ese entonces de seis años, la esperaron en la casa. Johana se había separado del padre de su hija casi dos meses antes de desaparecer, había vuelto a vivir con su madre y la situación económica la habían llevado a una situación de prostitución.

Se la pudo ver por última vez en una imagen captada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, donde se la vio entrando a un baño ese mismo día y poco después de salir de la casa de su madre.

La fiscalía penal provincial investigó como "averiguación de paradero", aunque la madre, Marta Ramallo, aseguraba que su hija no se habría ido voluntariamente sin su hija  de seis años.  El investigación del femicidio de Johana Ramallo

La misma noche que Johana no regresó a su casa, su madre denunció la desaparición de la joven. Durante más de dos años fue su madre quien luchó para que busquen a su hija,  de quien se cree había sido capturada por una organización de trata de personas para la explotación sexual.

 

En abril de 2019 su madre supo que los restos de Johana habían aparecido en Palo Blanco, Berisso. Según los peritajes habría sido asesinada entre septiembre de 2017 y 2018.

Durante todos estos años la familia de Johana comunicó las trabas burocráticas que sufrió para que no sea investigada como una simple desaparición. Denunció violencia institucional y recibió amenazas como llamadas telefónicas y una balacera en la puerta de la casa de la madre de Johana. 

A pesar de los indicios de que había sido un secuestro, se sostuvo la posibilidad de que Johana se hubiera “ido por voluntad propia” algo que también supuso la Fiscalía durante los primeros meses, tiempo clave en las investigaciones para los delitos de trata.

"Logramos que la causa pase a la justicia federal y que cambie la carátula para que sea investigada como trata para la explotación sexual. Toda la información desde el principio apuntaba a que esa era la hipótesis más adecuada y que era urgente dar con los responsables de la desaparición de Johana", explicaba un documento publicado al cumplirse tres años de la desaparición de la joven. 

En ese mismo documento se aseguraba que "en la zona de donde se la llevaron existen redes de trata y explotación sexual a la vista de todes".

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