Una problemática que ha crecido mucho durante los últimos años y que se profundizó en los tiempos de pandemia por el coronavirus fue la de la llamada “pornoextorsión”, que consiste en el pedido de dinero por parte del delincuente o agresor a cambio de no difundir contenido íntimo de la víctima.

Sin embargo, no siempre la difusión de imágenes y videos de la otra persona viene acompañada de una extorsión o una amenaza, lo que vuelve este tipo de práctica algo no sólo muy difícil de frenar (por lo rápido que se puede viralizar un contenido a través de las redes sociales), y compleja de abordar por la Justicia, debido a la falta de una ley que proteja a las víctimas de estos escraches públicos.

Un caso que ejemplifica muy bien este déficit en el actual sistema penal fue el del tatuador Patricio Pioli, que fue el primer juicio que se llevó a sentencia por “pornovenganza” y recibió una condena por parte del Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja a 5 años de prisión en junio pasado.

Pero lo que es importante aclarar es que la condena no fue específicamente por la viralización de un video íntimo de su ex pareja, Paula Sánchez Frega, que no representa en sí mismo un delito. En realidad, se enmarcó en medio de una trama de violencia de género que hizo que finalmente fuera condenado por “coacción (amenazas) y lesiones leves calificadas”.

 

 

“Hay que ser creativo, ver los elementos que componen cada caso para ver la manera en que la Justicia responda. Si uno va y denuncia difusión de material íntimo, sabe que va a quedar en la nada. En cambio, si denunciás que en medio de la relación sufriste otro tipo de situaciones que se enmarcan dentro del Código Penal, puede haber un juego que se abre”, explicó en diálogo con “Crónica” Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en derecho informático.

Al respecto, la letrada resaltó que “la extorsión es un delito contemplado en el Código Penal”, en donde “el agresor pide algo a cambio o tiene que haber una contraprestación por parte de la víctima para evitar un mal mayor”, algo que “normalmente con la difusión de material íntimo no se da”.

“Se piensa que la difusión de material íntimo es algo que vas, lo denuncias y metés preso al otro. Pero, partiendo de la base que no tiene una figura penal que establezca que es un delito, hay una impunidad absoluta en esta cuestión y es una de las prácticas en esta era digital que más se ven”, subrayó.

Características de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

En relación con este tipo de prácticas de difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento, Demtschenko resaltó que “en 7 de cada 10 casos están las ex parejas detrás”, y consideró que estas prácticas tienen “una capacidad de daño inmensa, lesionando el derecho a la intimidad y a la integridad sexual”.

Sobre esta línea, Diego Migliorisi, vicepresidente de la Asociación Argentina de la Lucha contra el Cibercrimen (Aalcc), señaló en diálogo con “Crónica” que “con la publicación de imágenes íntimas quien las publica no pide dinero a cambio de no publicarlo, solamente lo hace para provocar un daño a la víctima”.

 

 

Según los datos registrados por la Aalcc, la publicación no autorizada de imágenes íntimas que hubo por año entre 2016 y 2021 se triplicó, y tuvo su pico más alto durante el comienzo de la pandemia en 2020.

En búsqueda de encontrar la forma de atender esta problemática, Demtschenko hizo hincapié en que existe “la ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres”, que obliga al Estado a responder ante casos “de violencia machista” y podría dar un marco para proteger a la mujer frente a estas situaciones.

No obstante, esta normativa “no contempla la violencia telemática como tipo de modalidad”, por lo que la abogada remarcó la necesidad de “cambiar esto para dar otro tipo respuesta”.

¿Cuál es el modus operandi en los casos de "pornoextorsión"?

En octubre pasado, se conoció el caso de Saúl Martín Ríos (22) y Yanina Ali León (31), una pareja oriunda de la ciudad chubutense de Puerto Madryn que fueron imputados por “pornoextorsión” hacia un joven de 23 años.

El hecho en cuestión ocurrió después de que la víctima aceptara una solicitud de amistad en Facebook de parte de un usuario con el nombre de Daiana Pereira y una foto de perfil de una joven, que en realidad se trataba de León.

Tras empezar a chatear por esa red social, luego pasaron a hablar por WhatsApp e intercambiar contenido erótico, hasta que entró en acción Ríos, quien, haciéndose pasar por el padre de Daiana Pereira, llamó a la víctima y le dijo que la madre de la supuesta joven con la que había intercambiado fotos íntimas se había enterado de lo sucedido y, en un momento de enojo, había roto la computadora, por lo que le pidió dinero a cambio.

 

 

El joven accedió a depositarle $20.000, pero ante un nuevo pedido de dinero del estafador finalmente decidió hacer la denuncia.

Este tipo de casos crecen y se repiten cada vez con mayor frecuencia, ya que entre 2016 y 2018 se habían registrado en el país 243 víctimas de “sextorsión”, mientras que entre 2019 y 2021 el número de personas afectadas escaló a 375, según estadísticas de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (Aalcc).

“Lo que es la extorsión online, que proviene del sexting (grabación e intercambio de material íntimo), creció estrepitosamente. Durante la pandemia se incrementaron este tipo de casos y aparecieron las bandas locales, que se dedican a hacer este tipo de prácticas y después piden una determinada cantidad de dinero para no difundir esas imágenes de lo que es extorsión”, destacó Migliorisi.

El vicepresidente de esta asociación contra el cibercrimen enfatiza que si bien “existe una pena, porque se lleva adelante una extorsión” en este tipo de casos, la gente “por vergüenza no lo denuncia”, mientras que existe, además, como consecuencia para quien sufrió una pornoextorsión (o sextorsión) “el daño a la reputación de la persona”.

Por su parte, agregó que “un modus operandi es de personas que se hacen pasar por fuerzas de seguridad y dicen que están investigando este tipo de situaciones, acusan a la víctima de haber practicado sexting con una menor, para después pedir plata”.

En torno al tema, Migliorisi indicó que los motivos que llevan a los delincuentes a la práctica de una pornoextorsión son que “pueden recaudar información rápidamente, no se exponen al realizar un fraude físicamente y tienen menos riesgo de ser aprendidos, además consiguen el ingreso económico rápidamente y muchos no denuncian”.

 

 

“El sexting se realiza a través de videollamadas. El 90% de los casos que tenemos son hombres que caen en la extorsión. Esto arranca en un chat de una red social y después pasan a otras plataformas, como pueden ser WhatsApp y Telegram. Del otro lado lo están grabando, sacando fotos. A los cinco minutos te llaman diciéndote que cuentan con ese material y te piden plata”, explicó.

Como agravante, en algunos casos la extorsión pasa a un grado mayor de complejidad, ya que la amenaza puede ir dirigida a compartir imágenes o videos con familiares o personas del trabajo, al contar con la información de los perfiles de redes sociales.

Para contrarrestar estas situaciones, el vicepresidente de la Aalcc recomienda “no confiar en plataformas que no estén validadas ni en personas que intentan tener un contacto sin ningún tipo de referencia”, ya que “todo lo que se comparte por Internet puede llegar a ser público”.

 

Por M.C.