A algo más de un año de haber asesinado a dos mascotas de una vecina del barrio donde habita en la ciudad rionegrina de Viedma, un hombre enfrenta una causa penal por crueldad animal que podría depositarlo un año en la cárcel

El sujeto fue imputado por matar los perros de su vecina al arrojar al patio dos bolsas con salchichas mezcladas con insecticidas organofosforados, que comieron las mascotas (una perra mestiza y una caniche) y les causaron la muerte.

Entre las pruebas que presentó el fiscal Adjunto, Rubén Negro, figura la denuncia penal realizada por la mujer, una filmación en la que se observa cómo arrojan bolsas al patio, el análisis de Laboratorio efectuado al alimento y el testimonio de un testigo. 

El hecho que encuadra en el delito de crueldad animal, ocurrió el 18 de febrero de 2020 pasado el mediodía cuando el imputado arrojó una bolsa, desde un terreno baldío lindero a la calle Del Alamo al 1500, donde vive la denunciante. Mas tarde tiró otra bolsa pero desde el patio de su propia casa, en la primera cuadra de Del Alerce.

La vecina que sufrió la pérdida de sus mascotas, realizó la denuncia el 3 de marzo y presentó una filmación en la que se observa cuando tiran el alimento envenenado. Entre las pruebas, además, hay un análisis de un laboratorio de Pergamino, la autopsia realizada en Viedma, y testimonios. 

Finalmente, el Juez Juan Brussino, formuló los cargos y dispuso el inicio de la investigación por los próximos 4 meses.

El artículo 1º de la ley Nacional 14.346 establece que "será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales". Y dentro de los malos tratos figuran "lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad".

En Río Negro, el Procurador General, Jorge Crespo, estableció una Instrucción General que insta a los fiscales a calificar como graves los actos de crueldad animal y perseguir el delito "atento al carácter que revisten".

La Instrucción General expresa además que "el nuevo paradigma de la justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía".

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”, destacó Crespo.