Una trabajadora judicial se tom贸 m谩s de un a帽o de licencia y la echaron por un ins贸lito motivo: "Tuve tres empleos"
La empleada del Poder Judicial de una provincia comenz贸 a ser investigada hace un a帽o y una auditor铆a revel贸 diversas irregularidades que la obligaron a confesar un detalle clave.
Un esc谩ndalo sacude por estos momentos a una municipalidad rionegrina, en la cual una empleada judicial fue cesanteada de su cargo tras una auditor铆a interna que revel贸 que la mujer acumul贸 m谩s de 400 d铆as de licencia en cuatro a帽os y figura como empleada activa en otros dos organismos p煤blicos.
La trabajadora, identificada como Paula P., fue investigada a partir de mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuraci贸n General, Esteban Aliani.聽
La pesquisa constat贸 un patr贸n de ausencias reiteradas con certificados m茅dicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023, adem谩s de su traslado a Neuqu茅n durante la pandemia, sin dejar de cobrar como empleada judicial rionegrina.
En tanto, los oficios enviados a AFIP y ANSES confirmaron que Paula P. trabajaba tambi茅n en la Municipalidad de San Mart铆n de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, lo que constituye una incompatibilidad legal con el cargo judicial.
A pesar de haber alegado desconocimiento de la normativa y dificultades personales, los instructores del sumario se帽alaron que su conducta viol贸 los art铆culos 8 inciso a) y 9 de la Ley Org谩nica 5731 y la Ley de 脡tica P煤blica L3550.
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Cuando la agente judicial fue notificada y se prest贸 a declarar, su audiencia fue breve. Sin la grandilocuencia de los grandes procesos judiciales, pero con la carga de dramatismo propia de quien sabe que est谩 peleando por su carrera, Paula P. hizo un mea culpa. 鈥淪铆, tuve tres empleos鈥, admiti贸.
Adem谩s, el instructor, en su informe final, lo resumi贸: 鈥淟a ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. La agente incurri贸 en un incumplimiento grave que afecta la esencia misma de la funci贸n p煤blica鈥.
Seg煤n detall贸 Infobae, el Superior Tribunal de Justicia dict贸 la exoneraci贸n definitiva el 12 de febrero de 2025 y adem谩s, orden贸 remitir las actuaciones a la Fiscal铆a de Investigaciones Administrativas para evaluar si corresponde iniciar una causa penal por eventual perjuicio econ贸mico al Estado, en relaci贸n con los salarios percibidos durante las ausencias injustificadas.