La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero, ordenó el pasado lunes 21 de diciembre la clausura de dos fábricas de plaguicidas, ubicadas en la calle Andonaegui al 1000 en el barrio de Villa Urquiza, por arrojar en la vía pública residuos peligrosos para la salud y la emisión de olores nauseabundos.  

La investigación se inició a raíz de la denuncia de vecinos del lugar, quienes manifestaron preocupación por las actividades desarrolladas por las fábricas, linderas entre sí. Ante esta situación, el fiscal Rolero solicitó una inspección integral a los establecimientos, que estuvo a cargo de personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, del Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) del Gobierno de la Ciudad.

Como resultado del procedimiento se logró determinar que en uno de los domicilios denunciados funcionaba una fabrica bajo la firma “Sanipro”, y en el mismo predio, en la numeración contigua, otra empresa del mismo rubro denominada “Continente”, ambas dedicadas a la fabricación de productos para el control de plagas e insecticidas.

La inspección coordinada entre las diferentes áreas logró constatar en el lugar la existencia de residuos peligrosos sin el tratamiento correspondiente de acopio y retiro de los mismos, la falta de un sistema de autoprotección, la coexistencia de una vivienda familiar y un taller de herrería con la actividad comercial, entre otras faltas.

Además, se comprobó que en estas empresas se desvirtuaba el rubro comercial habilitado. Por estas graves falencias en materia de seguridad, el fiscal Rolero ordenó la clausura inmediata y preventiva del lugar, al encontrarse gravemente afectadas las medidas de protección medioambientales.

Asimismo, a partir de la evaluación de las pruebas recolectadas y las constataciones logradas por el CIJ y las áreas del GCBA, el fiscal analiza las imputaciones correspondientes a los responsables de las empresas, por las graves irregularidades ambientales comprobadas.