El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a ser amenazado de muerte este lunes. Dejaron una nota en una dependencia pública de Rosario, según confirmó el mandatario. Aseguró que no lo van a "amedrentar" y que seguirá "peleando contra la delincuencia". Por seguridad su familia ya no está en la ciudad. En una conferencia de prensa el gobernador santafesino contó que fue informado por personal del Ministerio de Seguridad de que en una oficina pública donde funciona la sede de la Dirección Migraciones del centro de Rosario, habían dejado una nota con un texto con amenazante dirigido a él y a su familia. "Lamentablemente ya estoy acostumbrado desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario", continuó. "Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad", aseguró.

"Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo", relató y sostuvo que por cuestiones de seguridad, su familia no se encuentra en Rosario y que él se maneja con custodia especial.

"N o nos van a amedrentar, seguiremos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Seguridad está muy sólido en ese sentido", insistió el gobernador, quien aseguró que está " bien cuidado" y que sus años de trabajo en el Ministerio de Seguridad le permitieron aprender cómo cuidarse "de estos delincuentes violentos".

 

Amenazas anteriores

El pasado 12 de diciembre, a poco de asumir, Pullaro fue amenazado mediante otra nota que fue dejada tras una balacera ejecutada contra un cajero automático de una sucursal del banco Macro en Rosario. Al otro día, el 13 de diciembre, en otro ataque a tiros contra a fachada del hospital público de Emergencias -Heca-, presuntos sicarios dejaron otra nota estaba dirigida al gobernador y firmada por internos del pabellón 9 de la cárcel de Piñero.

Según la investigación, las amenazas surgieron en respuesta a la decisión gubernamental de trasladar a los presos de alto perfil de ese penal a pabellones más seguros para tenerlos más controlados y evitar que comanden delitos desde prisión.

 

 

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