Mientras se espera que el juez Marcelo Nieto Di Biase fije la posición de la justicia ante el acuerdo alcanzado por el fiscal Fernando Rivarola en el caso por violación en grupo, en Chubut, este lunes el Ministerio Público Fiscal de esa provincia emitió un comunicado en el que aseguró que el polémico fallo, que definió el hecho ocurrido en 2012 como "desahogo sexual", "fue autorizado por la joven víctima", luego de haber expresado su parecer en una audiencia realizada por videoconferencia y presidida por el juez, que ahora tiene tres días para homologar o rechazar el cambio de calificación a "abuso simple" y resolver todo en un juicio abreviado.

Según informó la Fiscalía, en la audiencia ante el juez la joven, que debió mudarse de la provincia por las reiteradas amenazas que sufrió desde que comenzó el juicio, dijo que "el acuerdo es realmente aliviador para ella, pues vio en el mismo la posibilidad de darle un cierre definitivo a este hecho, ya que le hace muy mal y necesita cerrarlo para seguir viviendo".

La víctima, que actualmente tiene 24 años y vive en la provincia de Buenos Aires, le dijo al juez que "el fiscal siempre me mantuvo al tanto del avance de la investigación, de cada una de las pruebas que se iban recolectando, y me explicaba cuán valiosas eran o no". Manifestó, además, que fue asesorada jurídicamente por un tío abogado que le explicó "que los términos del acuerdo eran correctos y entendí las diferencias entre las distintas calificaciones legales".

Luego de conocerse el acuerdo y los términos en que el fiscal calificó la violación conocida como "El ataque de la manada de Chubut", que involucró a hijos de familias influyentes, se reunieron casi 798.000 firmas en una petición en la plataforma Change.org para que el Consejo de la Magistratura le inicie juicio político a Rivarola.

Además de recibir la condena de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el propio gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, denunció ante el Consejo de la Magistratura al jefe de la Fiscalía de Rawson por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho.

De ser condenados, los imputados tendrían una pena mínima de 8 años de prisión, pero en el acuerdo de partes que debe resolver Di Biase se redujo la calificación a un "abuso sexual simple", que convierte al delito en excarcelable y lo reduce a un "accionar doloso de desahogo sexual", según palabras del fiscal. Ahora será el juez el que defina el futuro de la causa que se inició en 2019 y podría terminar en las próximas horas.