A través de un decreto, el Gobierno resolvió este lunes la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país y dejó la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia. La cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona reemplazará en esa tarea a una Comisión Bicameral creada para tal fin en el Congreso.

Con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete, la medida destacó que "los resultados obtenidos hasta ahora son insuficientes". "La falta de definiciones respecto del cronograma de implementación prolonga una situación anómala", consideró.

Para el Ejecutivo de La Libertad Avanza, "la postergación indefinida de la entrada en vigencia del referido ‘Código Procesal Penal (T.O. 2019)’ impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del Estado Nacional”.

En el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno consideró “que la gravedad institucional de la situación imperante justifica redefinir las funciones asignadas oportunamente a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal".

Ahora, la cartera a cargo de Cúneo Libarona diseñará las "propuestas de readecuación edilicia, recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código", al igual que los "programas de capacitación de los operadores" de la medida.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia promoverá "la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales"; garantizará "el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación"; y constituirá "un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación" del Código.

Ese consejo asesor estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

En las últimas horas, Cúneo Libarona había publicado una serie de mensajes en la red social X bajo el título "El sistema acusatorio como política de estado", en los que se refirió a las bondades de ese sistema.

"El nuevo Código Procesal Penal Federal se basa en un modelo de justicia oral y rápido, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata. Es prioritario que se reanude la aplicación del Sistema Acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo", expuso.

El funcionario acompañó los mensajes con una serie de placas, en las que sostuvo que el sistema acusatorio implica poner a la fiscalía a cargo de la investigación y la acusación, para dejarle al juez el lugar de resolver "de forma imparcial e inmediata, sobre la base de lo presentado en las audiencias".

Las defensas, en tanto, cumplirían su tarea en igualdad de condiciones que la acusación.