En Comodoro Py comenzó el juicio contra los acusados del intento de asesinato a la expresidenta Cristina Kirchner, conocidos como “la banda de los copitos”. En la primera audiencia, los abogados defensores intentaron suspender el juicio, pero los jueces rechazaron la solicitud. Se espera que el debate dure más de seis meses, con la participación de cerca de 270 testigos.

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los imputados, permanecen detenidos desde el año pasado. Sabag Montiel es considerado el autor del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. Uliarte, su exnovia, está imputada como partícipe necesaria, mientras que Carrizo está procesado como partícipe secundario.

Brenda Uliarte llegó desalineada y se mantuvo en un perfil bajo, mientras que Nicolás Carrizo, vestido de traje y con el pelo atado, llamó la atención. Los periodistas y el público fueron ubicados detrás de un blindex mientras el secretario judicial comenzaba a leer los cargos y el requerimiento de elevación a juicio.

Durante la lectura de los cargos, que se extendió por cuatro horas, se describió en detalle la secuencia de los hechos, las pruebas presentadas por la fiscalía y las declaraciones de los imputados. El secretario pidió disculpas varias veces por repetir los exabruptos de los acusados en sus mensajes de WhatsApp referidos a la expresidenta.

Los abogados defensores solicitaron la suspensión del juicio. La fiscal de juicio, Gabriela Baigún, anunció que pedirá incluir la violencia de género como agravante, argumentando que “los acusados limitaron o intentaron limitar el desarrollo propio en la vida política de la mujer, en este caso el de Cristina Fernández de Kirchner”.

Hubo cruces entre los abogados de la defensa, la fiscalía y la querella por la incorporación de pruebas. El abogado de Carrizo, Gastón Marano, reclamó que no se incluyeron pruebas presentadas durante la instrucción. El abogado de Cristina Kirchner, Juan Manuel Ubeira, respondió que el reclamo no tenía fundamento. La jueza resolvió que no hubo violación al derecho de la defensa.

Marano insistió en su pedido y sugirió hacer un juicio con jurado popular, argumentando que “entre los testigos va a saltar la grieta, y se va a saber si simpatizan por Cristina, por Macri o por Milei. No va a haber subjetividad”. Sabag Montiel apoyó esta solicitud, pidiendo que el juicio se realice por jurados.

Alejandro Cipolla, abogado de Uliarte, también pidió suspender el juicio alegando que no pudo hablar en privado con su cliente. Afirmó que el Servicio Penitenciario violó la privacidad y grabó sus conversaciones. La presidenta del tribunal rechazó todos los pedidos de la defensa, calificándolos de “planteos dilatorios”.

El Poder Judicial permitió que las cámaras grabaran dentro de la sala solo por esta vez. Luego, se implementará un gran operativo de seguridad para proteger a los testigos, incluyendo a Cristina Kirchner, quien declarará después de la feria judicial de invierno.