El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/25 exacerbó el descontento que hay entre los sindicalistas y trabajadores. La norma establece fuertes limitaciones al derecho de huelga, ya que deja la puerta abierta para ampliar la declaración de esencialidad, que obliga a determinados sectores a garantizar una provisión mínima de productos y servicios.

Por esa razón, este jueves hubo una movilización de la CTA-Autónoma, que marchó hacia el Ministerio de Economía para protestar por esa y otras medidas de ajuste que recaen sobre los trabajadores.

A ellos se sumaron las columnas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que dispuso una jornada de paro y protesta activa.

Ese gremio tiene una cuenta pendiente con el gobierno: los exámenes de idoneidad que impuso el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que son requisito indispensable para la continuidad laboral. A pesar de que la inmensa mayoría de los empleados estatales (más del 98%, aseguran en el gremio) superó la prueba, muchos de ellos continúan en condiciones laborales precarias y su continuidad no está garantizada.

Según el comunicado emitido por ATE, la movilización tuvo lugar para exigir la "inmediata reapertura de las paritarias, en rechazo al ataque al derecho a huelga mediante el Decreto 340/25, contra el despido de trabajadores que no hayan aprobado el Sistema de Evaluación Pública (SEP), en contra del intento de fusión de organismos y para exigir la restitución de los fondos adeudados a las provincias".

"La única posibilidad que tenemos de quebrar el cepo, de romper el techo de las paritarias, es estando en la calle. El Gobierno nos tiene que devolver toda la plata de los salarios del sector público que nos robó y a los jubilados todos los haberes previsionales que les quitó en estos 17 meses", expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La medida tuvo un acatamiento de más del 90 por ciento, según estimó el gremio.

"Los trabajadores no nos vamos a dejar joder. La huelga es nuestro derecho fundamental y la esencialidad de los servicios ya está regulada desde hace más de 20 años en el país", subrayó Aguiar.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, líder de la CTA-Autónoma, afirmó que los derechos sindicales "se defienden en la calle" con "más democracia sindical".

"No aceptamos salarios de hambre, no vamos a permitir que cercenen nuestro derecho a huelga, ni que les roben a las provincias el derecho a la coparticipación. Nos oponemos firmemente a la desregulación de la industria nacional, porque significa pérdida de empleo, cierre de fábricas y entrega del país", expresó en sus redes sociales.

A su vez, calificó al presidente Javier Milei de "fantoche" y sostuvo que "se va a tener que ir" porque no le van a permitir convertir la democracia en un "despotismo".

"Nuestro pueblo echó a todos los que quisieron imponer dictaduras al Estado de sitio en democracia y limitar los derechos del pueblo argentino", concluyó Hugo Godoy.

Por medio del DNU 340/25, el gobierno de Javier Milei limitó el derecho a huelga, debido a que amplió las actividades consideradas esenciales.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirma el artículo 3 de la normativa publicada en el Boletín Oficial.

Y agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare".

Mientras que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".