Luego de que Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la diputada Aida Ayala, la ex intendenta de Resistencia adelantó que "no se escudará" en sus fueros y pedirá su suspensión en el Congreso Nacional para ponerse a disposición de la Justicia.

Si bien cuestionó por "inconsistente" el fallo de los camaristas, Ayala anticipó que "con el propósito de cumplir el compromiso político con la gente" que representa pedirá a "la Cámara de Diputados de la Nación, que resuelvan de inmediato la suspensión de los fueros" para ponerse "a disposición de la Justicia".

"No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde: los tribunales de Justicia", advirtió la diputada.

Ahora, la comisión de Asuntos Constitucionales tendrá que recibir nuevamente el pedido de la jueza Zulnilda Nirenperger para determinar si acepta esta solicitud de desafuero, que luego se tiene que aprobar con el respaldo de los dos tercios de los diputados presentes, como establece la Constitución Nacional.

El artículo 70 de la Constitución precisa que "cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento".

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, ratificó que si llega un nuevo pedido de desafuero se tratará en la comisión como se hizo con los pedidos anteriores, según informaron allegados al legislador macrista.

La Cámara de Diputados aprobó en el 2017 el desafuero y suspensión del ex ministro Julio De Vido a pedido del juez Claudio Bonadio y en esa ocasión Cambiemos impulsó con énfasis la solicitud judicial ante el rechazo de los diputados del Frente para la Victoria.

En un comunicado, Ayala dijo que "la Cámara Federal ha confirmado sin ninguna prueba el procesamiento y la prisión preventiva que había dictado la juez de primera instancia, por las supuestas irregularidades en la contratación del alquiler de camiones de residuos en la Ciudad de Resistencia, que actualmente siguen contratados en esta gestión con el mismo instrumento".

"No hay ninguna prueba en el expediente, repito: ninguna, de que se hubiera modificado mi patrimonio, así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o sobre precio en el contrato, que sigue actualmente en vigencia", agregó.

En abril la jueza Niremperger dispuso, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, la detención de Ayala porque entendió que en libertad "podía entorpecer la investigación" y solicitó su desafuero.

Los camaristas Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Eduardo Belforte confirmaron no solo la detención de Ayala, sino también del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y de todos los imputados en la causa por lavado de activos conocida como "Lavado II".

Ayala está acusada de los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautores, todos en la modalidad de concurso real".

La actual diputada está acusada de haber beneficiado a la empresa recolectora de residuos "Pimp SA" cuando fue intendenta de Resistencia, cargo que ejerció entre el 2003 y el 2015.

Al llegar a la presidencia Mauricio Macri, Ayala asumió como secretaria de Asuntos Municipales y a fines del 2017 renunció a ese cargo para ocupar una banca como diputada nacional.