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Mientras por redes sociales sigue la convocatoria a la “Navidad sin presos políticos”, impulsada entre otros por Julio De Vido, Amado Boudou y Roberto Baratta, ex funcionarios kirchneristas en prisión, Alberto Fernández consideró ayer que tienen que estar libres, pero marcó diferencias. Evitó calificarlos de presos políticos, aunque dijo que sí fueron detenidos de manera arbitraria.

“Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa, es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”, precisó el presidente electo.

Fernández, quien también recordó que se pondrá en marcha apenas asuma el Consejo Económico y Social y negó injerencia directa de Cristina en el armado de gabinete, define por estas horas las dudas que aún quedan en su elenco de funcionarios.

El fin de semana estará destinado para reuniones para elegir no sólo los ministros que faltan, sino también segundas y terceras líneas y directores de empresas estatales y organismos públicos. Alberto Fernández también reiteró que se revisarán las designaciones públicas hechas por Macri en los últimos días de la gestión.

Se mostró confiado, entre otros temas, en mantener una buena relación con Brasil pese a los chispazos con Jair Bolsonaro y dijo que impulsará la legislación sobre el aborto “pese a que choque con principios o creencias respetables de la Iglesia”. Alberto también dedicó la jornada a un encuentro con Ricardo Alfonsín, que tiene dos lecturas.

Una es recibir a un hombre al que respeta y que siempre fue crítico de Macri, sobre todo del hecho de que Cambiemos era liderado por el PRO sin consultas con el radicalismo. La segunda lectura tiene que ver con un intento del presidente electo por atraer a radicales descontentos con Cambiemos, que de esta forma podrían encontrar un lugar en el “albertismo”.

“Escuché sus opiniones sobre el presente y hablamos sobre la necesidad de respetarnos en democracia y de hacer el esfuerzo conjunto para sacar el país adelante”, dijo el futuro presidente sobre la reunión, aunque sin precisar si hubo ofrecimientos de cargos para Alfonsín.

Polémica por testigos

En medio de la discusión respecto de los funcionarios kirchneristas presos por hechos de corrupción, el gobierno de Macri, días antes de abandonar el poder, le sacó el programa de protección de testigos al Ministerio de Justicia y creó una dependencia con autonomía para ocuparse de la cuestión.

“Transcurridos más de 15 años de vigencia de la Ley N° 25.764 (que implementó ese programa) y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente”, se explica en los considerandos de la iniciativa.

El objetivo, advierten desde el macrismo, es que no puede ser el propio Poder Ejecutivo el que proteja a los testigos cuando estos propios testigos declaran justamente contra funcionarios de ese poder. La polémica creció además luego de que en los últimos días renunciara al programa de protección de testigos Leonardo Fariña, uno de los denunciantes en las causas de corrupción y lavado contra varios funcionarios del gobierno de Cristina.

En tanto, ocho jueces de la Cámara Federal de Casación penal, máximo tribunal en esta materia del país, rechazaron el cambio de jurisdicción del programa destinado a proteger a los denunciantes. El oficio fue firmado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Javier Carbajo, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña; mientras que el juez Juan Carlos Gemignani votó en disidencia.