La Cámara de Diputados tiene en sus manos el proyecto que prorroga la suspensión de desalojos, contratos de alquiler y congelamiento de precios. La medida busca que se extienda hasta el 31 de marzo. El oficialismo negocia con la oposición, que en un primer momento no debatió la problemática de unos 9 millones de inquilinos. 

Con la firma de Fernanda Vallejos (Frente de Todos), el proyecto busca extender el plazo que vence el 30 de septiembre. "La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar
en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derogase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto", destacó el escrito.

Los números que manejan desde la Federación Nacional de Inquilinos destacan que hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas.

Según la entidad, el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia, y de este segmento el 40,6% está endeudado, mientras que el 69.8% no recibe ayudas como el IFE, ATP o créditos a tasa 0.

El referente de la Federación Nacional de Inquilinos Gervasio Muñoz consideró que "el 40% de los inquilinos viven en Capital y Gran Buenos Aires, el 30% dice que no pudo pagar el alquiler en agosto y la mitad dice que tiene deudas de dos meses o más. Cada vez más familias y más hogares que cuando termine la vigencia del decreto 320 pueden ser desalojadas".

"Puede haber una situación muy grave de juicios y desalojos. Casi la mitad de los ingresos totales de un hogar se destinan al pago del alquiler”, agregó Muñoz.

El proyecto de Vallejos resalta que las entidades de inquilinos sostienen que reciben innumerables consultas por la imposibilidad de pagar el alquiler, considerando que el decreto se tiene que prorrogar hasta marzo 2021, porque empodera al inquilino y es fundamental: si no se prorroga habría una gran cantidad de juicios de desalojo y embargos a garantes.