El tema del juicio político a la Corte Suprema llegó finalmente a los foros internacionales de la mano del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la evaluación de las políticas desarrolladas por el Frente de Todos (FdT) en esa materia y solicitaron al organismo de Naciones Unidas acompañamiento para enfrentar los discursos de odio y el lawfare.

 

En un extenso discurso brindado en la sede de la entidad internacional en Ginebra, Suiza, Pietragalla Corti denunció "la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático" y subrayó que esta práctica " constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública".

"Uno de los importantes desafíos que enfrenta nuestro país y gran parte de la región latinoamericana para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos es el fenómeno de la pérdida de legitimidad del Poder Judicial, entre otras razones, por la práctica del 'lawfare' o 'guerra jurídica'", expresó el funcionario ante el Consejo, y puntualizó: "Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que cuarenta años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública".

 

En otro pasaje de su presentación, y luego de recordar que el presidente Alberto Fernández desde un primer momento "reivindicó expresamente la defensa de los derechos humanos como columna vertebral de las políticas que se adoptarían en el país", el secretario explicó que no hubo cambios en el Poder Judicial desde su a la Casa Rosada en la medida en que "la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente" y puso como ejemplos los casos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala.

En ese contexto, se dijo que el gobierno no perfeccionó designar un procurador general ni tampoco pudo avanzar con las reformas del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte. Por este motivo, solicitó el acompañamiento del órgano de la ONU "en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procurarán fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el estado de derecho en nuestro país".

"Siempre las víctimas del lawfare resultan ser líderes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos. Esas malas prácticas judiciales favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos, especialmente de derechos económicos, sociales y culturales, que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto”, detalló.

 

Por último, Pietragalla convocó a "abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática", los cuales,afirmó, "han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos y que se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales". "Es imprescindible entonces el acompañamiento de los Estados miembros y del Consejo de Derechos Humanos para abordar el fenómeno en su complejidad y contrarrestar sus manifestaciones", concluyó.