La Argentina pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) una acción “inmediata” en Venezuela ante el “deterioro” de la situación en el país y solicitó que se dicten órdenes de arresto contra el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

El reclamo lo hizo este lunes el representante argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal y generó un cruce con el enviado de la República Bolivariana en el evento que se desarrolla en La Haya, Países Bajos.

“La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”, sostuvo Sadofschi, y agregó que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.

El representante argentino señaló que, desde que la oficina del fiscal de la CPI concluyó el examen preliminar sobre la situación en Venezuela en noviembre de 2021, “ha habido pocos avances”.

En su intervención, Sadofschi aseguró que “la decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión -la declaración general de la asamblea-, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”.

Y afirmó: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”.

Durante la conferencia se analizaron los avances y desafíos de las investigaciones internacionales y la cooperación entre los Estados miembros, pero Argentina se apartó del consenso general de la asamblea, manteniendo su postura crítica ante la falta de progresos concretos en el caso venezolano.

La reacción de Venezuela fue inmediata. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a Buenos Aires de “politizar de forma altisonante” la conferencia y de cuestionar “de manera inoportuna” la legitimidad del gobierno de Maduro.

Calificó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y recordó que el país “ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos”, incluida una aprobada el 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles. Según Rosales, esta postura convierte a la administración de Javier Milei en “un falso defensor de derechos humanos”

“Si el gobierno de Javier Milei quiere hablar de régimen, creo que tiene que hablar del régimen, debe ocuparse del régimen de los Derechos Humanos y de su compromiso internacional. (…) Invitamos a Argentina como al resto de los Estados a concentrarnos positivamente en los trabajos de esta corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente en los temas que nos resulten comunes”, manifestó.