BALI (Enviada especial) Los líderes de los países miembros del G20 solicitaron este miércoles en su declaración final de la cumbre en la ciudad de Bali, Indonesia, la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros, en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada por nuestro país en la cumbre del G20 de Roma en octubre del año pasado.

El documento final señala en su punto 33 que los mandatarios firmantes “estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destaca “los compromisos por un monto de USD 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes”, exhortando en ese sentido al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.

También en el documento conjunto se resalta la puesta en funcionamiento del Resilience and Sustainability Trust (RST), destinado a la ayuda de los “países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios” a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático.

Asimismo, se solicitan compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.

 

La declaración final, de 17 páginas y 52 puntos que refieren a distintos temas, fue la única adoptada por consenso en marco G20 desde el 24 de febrero pasado y para su aprobación fue esencial la voz unificada de los países emergentes en pos de mantener la relevancia del foro internacional y como ámbito plural de diálogo entre estos países y las naciones desarrolladas.

La declaración refleja la postura argentina en pos del compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la crisis alimentaria mundial. A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones.

 

Confirma de igual manera el compromiso para "tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes".

Indica además la necesidad de actualizar las normas internacionales del comercio agrícola y la importancia de su facilitación. Además el comunicado enfatiza la importancia del Acuerdo multilateral de la OMC sobre Subsidios a la Pesca, alentando su pronta entrada en vigor.

Con respecto a la situación en Ucrania, se refleja el costo de la guerra en la economía mundial, en la vida de las personas y en la seguridad alimentaria y energética. Los Estados expresaron sus posiciones nacionales conforme fueron sus respectivas votaciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayoría habiendo condenado la invasión.

 

En el espíritu del énfasis argentino por la inclusión social, el documento reconoce que la conectividad digital asequible y de alta calidad es clave para la inclusión y la transformación digital y alienta la promoción de las habilidades y la alfabetización digital para aprovechar los beneficios de la economía digital, en particular para mujeres, niñas y personas en situaciones vulnerables.

El G20 reitera la necesidad de que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en la lucha por el cambio climático, para movilizar conjuntamente USD 100 mil millones por año desde el 2020 y hasta 2025, y continuar deliberando sobre la necesidad de establecer el financiamiento partiendo de un piso de USD 100 mil millones por año, para cumplir con los compromisos internacionales climáticos de mitigación y adaptación.